Debo mudarme de mi apartamento santurcino que me habrá cobijado [en alquiler] cinco años en julio de 2025. Conformo la generación tenaz de treintañeros que ha logrado regresar a la isla tras varios años fuera. Desde entonces, paseo, indago y busco aquel sueño tan anodino para nuestros padres y predecesores: una casa comprada, un hogar a nuestro nombre; un patio donde plantar y ver florecer, además, a nuestros niños [hoy día, en gran parte, bestias afelpadas: gatos y perros], pero esa es otra historia, aunque una y otra se entretejan, sí y no. Centrémonos en esta. 

Según la American Community Survey, se estimó en 2018 que había 373.424 unidades de vivienda desocupadas en Puerto Rico. Aquellas casas que alguna vez albergaron vidas ―acaso generaciones de puertorriqueños― podrían ser declaradas estorbos públicos con El Proyecto de la Cámara 1352. Esta realidad confluye con la escasez de propiedades que llevamos viendo desde 2022 luego del revuelo de compras durante la pandemia del año de nuestro señor (2020): «El aumento de capital extranjero a raíz de la promoción del archipiélago como un paraíso fiscal, la proliferación de los alquileres a corto plazo, la escasa construcción de vivienda de interés social en la pasada década, así como la flexibilidad laboral que impulsó el COVID-19 crearon la tormenta perfecta para que el precio promedio de las propiedades en venta aumentara 63% entre 2012 y 2021, reveló una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI)». 

 

Según otro censo de 2022, más del 44% de las viviendas en el centro urbano, por ejemplo, de Río Piedras están [o estaban: inclinémonos hacia el optimismo en estos dos años pasados] vacantes. Varias acciones surgen para subsanar el asunto, entre ellos la alianza entre el Fideicomiso para el Desarrollo de Río Piedras, el Centro para la Reconstrucción de Hábitat y el Municipio de San Juan para trabajar un inventario de propiedades. Ellos propusieron entonces que «las propiedades cuyos dueños no comparezcan o no existan, la comunidad y el Fideicomiso [trabajarán] una propuesta para un Plan para la Reutilización de los Espacios en Desuso. “Con este proyecto comunitario buscamos recopilar información y medir los riesgos de salud y seguridad que representan estos estorbos para la comunidad. La declaración de estas propiedades como estorbo público serán trabajadas en conjunto con el Municipio para canalizar qué propiedades pueden ser usadas para desarrollo comunitario, con énfasis en vivienda asequible [ibid]”». 

Fue el Frente por el Derecho a Permanecer, precisamente integrado por la Junta Comunitaria del Casco Urbano de Río Piedras (JCRP), el G-8, la Colectiva Feminista en Construcción, el Colectivo Ilé, la Organización Boricuá de Agricultura Ecológica, el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras el Taller Comunidad La Goyco y Vamos (Concertación Ciudadana), en colaboración con El Enjambre Colectivo, quienes el 23 de octubre de 2024 emplazaron a los partidos políticos a pronunciar contra las políticas de desplazamiento que asechan este país ante la inminente coyuntura electoral. De Movimiento Victoria Ciudadana, atendieron y firmaron la proclama cuatro candidatos: Rafael Bernabe, candidato a la nominación directa por senador por acumulación en casilla #10; Mariana Nogales, candidata igualmente por nominación directa en el encasillado #4; Manuel Natal, para la alcaldía de San Juan y Eva Prados, candidata para la Cámara de Representantes por el Distrito 3 de San Juan. Del Partido Independentista Puertorriqueño, fueron recibidos y firmaron Adriana Gutiérrez Colón, candidata a la Cámara de Representantes (Precinto 4); Gabriel Casal, candidato a la Cámara de Representantes (Precinto 5) y Adrián González, candidato al senado. 

«Afirmamos nuestro derecho a permanecer en Puerto Rico», leo la proclama del Frente y tiemblo. Cierro los ojos y recuerdo los altísimos niveles de gentrificación de Santurce, de mi barrio por adopción por la calle Cerra. Las cajas de seguridad guindadas en los portones a tutiplén a lo largo y ancho de la isla. En los bares sanjuaneros, norteamericanos con aliento a güisqui y melón de vaporizador que aseguran estar aquí gracias a la notoria Ley 22. El área metro acaparada como también nuestras costas: prohibido olvidar el desplazamiento y lucha actual de doña Ramona en el sector Playa India en Aguadilla, quien sería desplazada del hogar tras 140 años de vida familiar. El pueblo cuida el pueblo, pero ahora más que nunca hay que dar varios pasos más allá.

Yo pensaba empezar a buscar casa en enero de 2025, pero todos constataron que debía empezar ya. Me siento asiduamente a anotar nombres y apellidos y zonas de interés; inhalo y exhalo antes de comenzar la retahíla de llamadas a los bancos. Abro y busco. Empiezo por lo más obvio, lugares como Clasificados Online donde anuncios con sospechosamente pocas fotografías comparten con júbilo y amenaza: CASH ONLY. ¿Pero quiénes tienen ese dinero a la mano en una sociedad cuyo salario promedio es de 34.000$ al año? Según la investigación del CPI «las compras en efectivo en Puerto Rico han aumentado significativamente, y lo que estamos viendo en nuestros datos es que esas ventas en efectivo mayormente están viniendo de beneficiarios de la Ley 22». Las cifras del Índice de Asequibilidad de la Vivienda, preparado por la firma Estudios Técnicos, revelan que en los pasados 3 años, los puertorriqueños han perdido un 42% de su capacidad para comprar una residencia, y las rentas a largo plazo se han disparado de un promedio de $800 mensuales a $2.341 en los pasados 5 años». 

«[...] Un aumento nunca antes visto en las ventas de propiedades en efectivo en los pasados 10 años ha detonado un mercado de especulación [...] se analizaron sobre 97.000 compraventas de propiedades y se entrevistó a sobre una decena de peritos de la industria de bienes raíces. El CPI encontró que no existe una base de datos o información que permita conocer la magnitud del crecimiento de las transacciones cash en Puerto Rico porque el Registro de la Propiedad no recopila esta información; por ley no tiene que incluirla en el asiento de inscripción que publica, reconoció la agencia. Esta base de datos de compraventas en efectivo compilada por el CPI es la única que existe al momento para propósitos de análisis [...] Al menos seis expertos en bienes raíces consultados dijeron que el aumento en este tipo de transacciones ha sido enorme, incluso superando el 50% en algunos mercados como Dorado. Una de las fuentes de la industria, que pidió anonimato, indicó que le consta que la mayoría de las propiedades de más de $800.000 en Puerto Rico se están comprando cash desde hace unos tres años». Es decir, desde 2019.

Hace unos días, un fotógrafo y yo intercambiamos miradas durante un evento político y procedimos a pasar las siguientes 48 horas juntos en una cita concretada, al parecer, por el destino [y por la Alianza]. Durante un paseo, observamos las casas alrededor, sondado lo arquitectónico, conjeturando precios; compartiendo sueños como solo dos perfectos desconocidos pudieran hacer ante la falta de ofertas asequibles de compraventa, las bajas tasas de salario promedio, el desplazamiento, la gentrificación y nuestros gustos exquisitos contra nuestros oficios culturales. 

 

Afortunadamente, hay aún más personas que se suman a la ecuación en pro al acceso a vivienda digna, segura y asequible para todes: El Otro Puerto Rico, una organización sin fines de lucro que aboga en su propuesta por la derogación de Ley 22 de 2012, la creación de la Oficina de Regulación del Arrendamiento, el control de los arrendamientos a corto plazo y una regulación temporal de los alquileres a largo plazo. «La crisis de vivienda en Puerto Rico es un problema que requiere soluciones integrales. Nuestra propuesta no solo aborda la necesidad de vivienda asequible, sino que también busca estabilizar el mercado de alquiler y regular las actividades comerciales que afectan la disponibilidad de viviendas». Ellos también emplazaron a los líderes políticos en la isla, particularmente a los que se miden en las elecciones este próximo 5 de noviembre, a que se comprometan con la Propuesta de Política Pública para la creación de la Ley de Acceso a la Vivienda Digna. Proponen, además, la creación de un Programa Nacional de Reconstrucción de la Vivienda para la adquisición y rehabilitación de propiedades en desuso. Los hogares abandonados por luchas de herencia, por fuga tras María, por pandemia, por cataclismos naturales y políticos. 

Para más inri, unas estadísticas de la National Low Income Housing Coalition contenidas en la propuesta de EOPR apuntan a que las listas diarias de Airbnb aumentaron en promedio un 31% desde el huracán María. Datos de AirDNA arrojaron que en Puerto Rico se registraron más de 30.000 listados únicos de alquileres a corto plazo de 2014 a 2020. «Contrariamente a algunas representaciones, la mayoría de los listados no provienen de propietarios que alquilan habitaciones vacías para obtener ingresos adicionales. Aproximadamente, el 83% de los listados en Puerto Rico eran para viviendas enteras, mientras que solo el 15% eran para habitaciones privadas y el 2% restante era para habitaciones de hotel o compartidas». Otro melón abierto: ¿para cuándo la regulación de alquileres Airbnb cuando podríamos rehacer y realzar nuestras comunidades? ¿Querer, adornar y acoger a otres en nuestras casas? 

Imaginemos, como aquellos que tomamos la formación de ayudas para primeros compradores en 2022 de la Puerto Rico Neighborhood Housing Services, Corp tras anuncios reiterados en la radio, puertorriqueños de todos los renglones y edades unidos vía Zoom comentando su casa abandonada favorita. La mía, entonces, la casa abandonada de la calle Georgetti (a manos del Gobierno), un hogar de apariencia embrujada en la calle Unión (también en Santurce) que siempre entreveo en mis paseos, y varias casas abandonadas a su suerte (y a los felinos aledaños) que velaba en el sector de Hato Rey. 

Dentro de seis días, habrá elecciones generales en nuestro bello y complejo país que, contrario a algunos que aseguran es una isla flotante de basura, es nuestro hogar cargado de pasado, presente y futuro; de ancestros y deseos por cumplir. Aquellos treintañeros que llevamos una vida en espera de un hogar propio dentro de los confines de las costas que nos vieron nacer aspiramos a más, porque somos de aquí: la isla nos cobija y pertenece. 

La Alianza, en defensa de los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, laborales, sindicales, sociales, culturales y ambientales en su programación abogan por el régimen de derechos humanos que [respeta] la dignidad, intimidad e igualdad de todas las personas, independientemente de su raza, sexo o género, nacionalidad, edad, diversidad funcional y corporal, orientación sexual o identidad de género real o percibida y asegura que toda persona tendrá derecho a un nivel de vida adecuado que asegure derechos laborales y sindicales, la salud, la educación, el bienestar, la alimentación, el vestido y vivienda accesible y asequible. 

Retrato este momento en mi memoria: sé que algún día, como me he recogido yo a lo largo de los años y como he querido recoger y acoger al prójimo en momentos de inestabilidad, encontraré un hogar dentro de este hogar: Puerto Rico. Aliados e informados, ya tenemos la primera llave. La siguiente, llegará.