El Movimiento Victoria Ciudadana expresa su total preocupación ante la información que ha surgido sobre la reducción de protecciones frente intervenciones de ICE en las escuelas públicas de Puerto Rico a través del Proyecto del Senado 1062 aprobado anoche con el voto a favor de la mayoría de la delegación del PNP como del PPD en el Senado. 

Nos preocupa y nos parece injustificable, como en medio de la peor ola de intervenciones de ICE que estamos viviendo, la delegación del PPD y PNP en el Senado se mueven en la oscuridad de la noche aprobar la eliminación de protecciones ya contempladas en los propios protocolos del Departamento de Educación que garantizan un debido proceso de ley ante cualquier visita de ICE. Por otro lado, resulta particularmente acomodaticia la postura del Comisionado Residente y presidente del PPD, Pablo José Hernández, que mientras su delegación en el Senado se hace cómplice de la crueldad del PNP, el pretenda que aceptemos como sinceros sus alegados esfuerzos en el Congreso Federal.

Para Victoria Ciudadana ningún ser humano es ilegal y todas las personas, indistintamente su estatus migratorio, deben ser tratados con dignidad y aplicarles las mismas garantías constituciones a un debido proceso de ley. Estas protecciones toman mayor relevancia para lugares tan vulnerables como son nuestras escuelas públicas que deben ser los espacios más protegidos y seguros.

Por ejemplo, los artículos 7 y 8, que, aunque contemplan mecanismos como la notificación al secretario de Educación, la consulta al Departamento de Justicia, el aviso a los padres y el acompañamiento del menor, establecen que estas gestiones no podrán impedir, obstaculizar o retrasar las intervenciones de las autoridades federales. Dicho lenguaje es totalmente innecesario y podrían convertir las salvaguardas en trámites proforma, sin eficacia real para garantizar los derechos de los estudiantes.

En la práctica, este proyecto le impone una carga adicional al personal escolar que podría verse presionado a permitir una intervención antes de recibir asesoría legal o de completar las gestiones necesarias para proteger al menor, ante el temor de que cualquier demora sea interpretada como una obstrucción a las autoridades federales.

La nueva legislación no debe colocar a las comunidades escolares en una posición de vulnerabilidad ni generar incertidumbre sobre su responsabilidad de garantizar los derechos constitucionales de los estudiantes.

Por otro lado, nos preocupa enormemente la eliminación, en el artículo 6, del requisito de asesoría legal previa a la divulgación de información o datos de los estudiantes. Esta modificación debilita una salvaguarda fundamental para prevenir la entrega indebida de información confidencial o sensible a las autoridades gubernamentales, particularmente cuando los requerimientos son imprecisos o no cuentan con las garantías legales correspondientes. La ausencia de una evaluación jurídica previa aumenta el riesgo de divulgaciones contrarias al derecho a la intimidad y a las normas aplicables de protección de datos personales, con posibles consecuencias para estudiantes y sus familias. 

Dentro del movimiento tenemos maestros y maestras que han tenido la oportunidad de ver el temor de sus estudiantes ante la ola de redadas contra las personas migrantes. Las escuelas públicas deben constituir espacios seguros para el aprendizaje y el desarrollo de la niñez, y no escenarios en los que el temor a intervenciones migratorias comprometa el ejercicio del derecho a la educación.

Le pedimos a la Cámara que le tocará evaluar esta medida restituir las salvaguardas constitucionales y los mecanismos de protección que motivaron su presentación original. Si se va aprobar política pública la misma debe ser para asegurar que todas las personas, independientemente de su estatus migratorio, tengan acceso a servicios esenciales. 

El Movimiento Victoria Ciudadana es parte del Frente de Organizaciones en contra de las Políticas Migratorias de Trump. Sus legisladores y legisladoras municipales han presentado proyectos de ordenanza para proteger a la comunidad migrante en: San Juan, Trujillo Alto, Vieques, Quebradillas, Vega Baja y Guayanilla.