El Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) se unió al reclamo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico para exigir la renuncia inmediata del secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Edwin González Montalvo, por violar su deber ministerial al entregar  información personal y confidencial de cientos de inmigrantes a las autoridades federales de inmigración.

Según la documentación divulgada por la ACLU, el DTOP entregó voluntariamente información confidencial al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de aproximadamente 6,321 personas inmigrantes con licencia para conducir en Puerto Rico en violación de la legislación local que cataloga dicha información como confidencial y sin una orden judicial que obligara a divulgar dichos datos. 

Para el MVC, estos señalamientos plantean serios cuestionamientos sobre el cumplimiento de las obligaciones legales del DTOP, la protección de la información personal y la responsabilidad del Gobierno de Puerto Rico frente a las comunidades inmigrantes.

“El Gobierno de Puerto Rico tiene la responsabilidad de cumplir con sus propias leyes estatales y proteger los derechos básicos de todas las personas que residen en nuestro archipiélago, independientemente de su estatus migratorio. La información que las personas confían al Estado no puede convertirse en un instrumento de persecución.” 

“Además el funcionario negó cualquier cooperación y entrega de información con las autoridades federales en varias ocasiones a los medios de comunicación y escondió la información relacionada ante las solicitudes realizadas por la ACLU para no rendir cuentas, dejando a las comunidades migrantes desinformadas y vulnerables. Ante la gravedad de estos hallazgos, nos unimos al reclamo de renuncia del secretario del DTOP y exigimos que se rindan cuentas al país”, expresó la licenciada Eva Prados, Coordinadora General del MVC.

La excandidata a la Cámara de Representantes también cuestionó las gestiones judiciales realizadas por el Gobierno para impedir la divulgación de los documentos solicitados por la ACLU, cuya entrega finalmente ocurrió luego de un prolongado proceso judicial.

Asimismo, Prados recordó que la Ley 97 de 2013 estableció mecanismos para permitir que personas inmigrantes obtuvieran licencias de conducir, acompañados de disposiciones dirigidas a proteger la confidencialidad de su información y prevenir prácticas discriminatorias.

“Ninguna política migratoria puede servir de excusa para ignorar las garantías constitucionales, debilitar la protección de los datos personales o vulnerar la dignidad humana. Puerto Rico no puede normalizar que sus instituciones públicas faciliten actuaciones que pongan en riesgo los derechos de poblaciones vulnerables”, añadió Prados.

Finalmente, el MVC reiteró su compromiso con la defensa de los derechos humanos, la transparencia gubernamental y la protección de las comunidades inmigrantes.“La dignidad humana no depende de un estatus migratorio. La protección de los derechos civiles y constitucionales no es opcional, sino una obligación fundamental del Estado”, concluyó.