La influencia de los comités de acción política a través de campañas de gastos independientes, conocidos como súper PACs, aumentó exponencialmente luego del año 2010, producto de la opinión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso Citizens United. A partir de entonces se eliminaron los límites para las campañas de gastos independientes en las contiendas electorales. El fallo judicial, de aplicación también a Puerto Rico, equiparó la libertad de expresión de las empresas a la de los individuos. Esto confirma que en este sistema electoral y económico los derechos y las libertades dependen del dinero. 

Aunque los fondos privados siempre han estado presentes en la política, antes de 2010 no existían estas estructuras particulares capaces de manipular los procesos electorales a favor de las clases dominantes. El financiamiento privado de las campañas electorales es fuente indiscutible de corrupción. El argumento principal para justificar la eliminación de los límites a las campañas de gastos independientes según el Tribunal Supremo federal, es que el dinero que no va directamente a las candidaturas no puede representar ningún peligro de corromperlos. La experiencia demuestra lo contrario: el último súper PAC patronal, Salvemos a Puerto Rico, reveló un esquema de corrupción que provocó la convicción de su gestor y fundador.

Este ciclo electoral presenta grandes posibilidades para los sectores progresistas, pero también nos obliga a enfrentar grandes amenazas. Por primera vez en mucho tiempo se vislumbra que la agenda a favor de la mayoría asalariada tiene posibilidad real de prevalecer mediante la alianza electoral entre el Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista Puertorriqueño. Sin ser gobierno, el trabajo concertado de las delegaciones legislativas de ambos partidos ha logrado mejoras, aunque modestas, en las condiciones de vida de la mayoría asalariada y empobrecida del país. Un ejemplo de esto es el aumento al salario mínimo en Puerto Rico que ha tocado tímidamente las ganancias del sector patronal. Hoy esos patronos tienen que pagar $2.25 adicionales por cada hora que trabaje una persona empleada y compensada con el salario mínimo. 

La Alianza representa la esperanza para amplios sectores del país que siguen cobrando conciencia de que el deterioro de la infraestructura y la carencia de servicios públicos adecuados es producto de las políticas que se han impuesto en Puerto Rico desde 1989, tanto por los gobiernos del PNP como del PPD. Esto presenta grandes posibilidades para quienes impulsamos los cambios que el país necesita, incluyendo la posibilidad de una victoria electoral de la Alianza. Pero, precisamente por esos pequeños avances y por las posibilidades del triunfo electoral de la Alianza, un sector de la clase patronal ha organizado un súper PAC llamado Democracia es Prosperidad para tratar de combatir el apoyo que sigue ganando la Alianza, evitar que pueda ganar y mantener al bipartidismo tradicional -que le ha servido bien- en el gobierno. Para lograrlo han recurrido, además de a la recaudación de fondos, a desempolvar toda la retórica anticomunista de la guerra fría. Es este súper PAC patronal -y su campaña en defensa del status quo y del bipartidismo tradicional- una de las mayores amenazas contra la Alianza.

El súper PAC patronal recaudó más de un millón y medio de dólares entre marzo y septiembre del 2023, según los informes publicados en la página del Contralor Electoral. Según la prensa, el comité de acción política lo integran la Cámara de Mercadeo Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), la Asociación de Comercio al Detal (ACDET), la Asociación de Restaurantes (ASORE), la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR) y la Asociación de Constructores de Puerto Rico (ACPR). La verdadera democracia se fortalece sacando los fondos privados del proceso electoral. Pero la creación del comité patronal confirma que mientras existan, es necesario que los sectores progresistas se organicen y desarrollen sus propias campañas independientes para contrarrestar la influencia desigual -en la política- de los sectores dominantes. De igual manera exige que las personas que están comprometidas con los cambios que el país necesita colaboren con la Alianza, según sus capacidades y posibilidades.

El PAC patronal busca identificar y apoyar candidatos a puestos electivos que “atiendan los temas que amenazan la economía”. Sostiene que “el sector empresarial ha permanecido callado ante legislaciones populistas que han aumentado exponencialmente los costos de hacer negocio en Puerto Rico”.  Entre los “postulados” que condicionan el apoyo del PAC patronal a alguna candidatura se destacan el rechazo al pago de “contribuciones directas e indirectas”, es decir, proponen que quienes más ganan dejen de pagar o paguen menos. Las candidaturas que apoyen deben repudiar “posturas de política pública ‘populista’”.  Exigen además eliminar “beneficios sociales como PAN” y “Plan 8” para que “fomenten el trabajo”. Para que una candidata o un candidato cuente con su apoyo deberá decretar una “tregua o detente en el ámbito de legislación laboral manteniendo la Reforma Laboral de 2017”. Proponen el mal llamado “right to work”, mediante el cual tendrían mano libre para destruir las organizaciones de la clase trabajadora. Proponen la “intervención inmediata en intentos de protestas para cerrar muelles y detener el transporte” sin importar los derechos y las libertades democráticas que se violenten. Por eso, al repasar los postulados del PAC patronal, es importante tener presente la advertencia que Adam Smith —economista escocés descrito por algunos como el padre de la teoría económica capitalista— hizo sobre esta clase al concluir el Capítulo XI del Libro I de su obra más importante, la Riqueza de las Naciones:

Cualquier propuesta de una nueva ley o reglamentación del comercio que provenga de esta clase deberá analizarse siempre con gran precaución, y nunca deberá adoptarse sino después de un largo y cuidadoso examen, efectuado no sólo con la atención más escrupulosa sino con total desconfianza, pues viene de una clase de gente cuyos intereses no suelen coincidir exactamente con los de la comunidad y que tienden a defraudarla y a oprimirla, como ha demostrado la experiencia en muchas ocasiones. 

Veamos los postulados del PAC patronal con la total desconfianza que Smith nos sugiere. Cuando hablan de amenazas a la economía se refieren a la protección ambiental, a los derechos democráticos como la organización sindical y la negociación colectiva, a las mejoras en las condiciones de vida de la mayoría asalariada y cuando dicen economía se refieren exclusivamente a sus ganancias. Dicen que el sector empresarial ha permanecido callado ante “legislaciones populistas”, sin embargo, el sector patronal participa activamente de todos los debates en la opinión pública y en los foros administrativos, legislativos y judiciales, oponiéndose a cualquier mejora a las condiciones de vida de la clase trabajadora. Se opusieron al aumento al salario mínimo, se oponen a la eliminación del subsalario de quienes reciben propinas, se oponen a la protección de las pensiones y fueron junto a la Junta de Control Fiscal al tribunal para dejar sin efecto la reforma laboral, restituyendo la contrarreforma del 2017. Para la clase patronal el modesto e insuficiente aumento al salario mínimo es “aumentar exponencialmente los costos de hacer negocio en Puerto Rico”. Impulsan el “right to work”, un conjunto de leyes que hacen aún más difícil que las trabajadoras y los trabajadores puedan ejercer sus derechos constitucionales a la organización sindical y a la negociación colectiva para mejorar sus salarios, beneficios y sus condiciones laborales. Pero en lugar de plantear claramente lo que proponen, recurren a los discursos anticomunistas característicos de la guerra fría.

Esa retórica anticomunista ha sido asumida por distintos sectores de la derecha en Puerto Rico. Los portavoces del PNP y del PPD y líderes de ambos partidos, portavoces del Proyecto Dignidad, de los sectores fundamentalistas -religiosos y del mercado- junto a portavoces del PAC patronal y de otros sectores patronales han asumido distintas formas del discurso anticomunista. Denuncian la Alianza entre el MVC y el PIP como la alianza independentista, la alianza anticapitalista, victoria independentista o victoria comunista. Sectores del comentariado han asumido también una campaña muy intensa en columnas de opinión, programas de chismes y análisis en todos los medios de comunicación, en podcasts y en las redes sociales. Plantean que el capitalismo está amenazado en Puerto Rico. A pesar de ser conscientes de que en Puerto Rico ha habido una sobredosis de libre mercado y de que el comunismo no es una amenaza, los portavoces del status quo inundan las ondas radiales y televisivas y las columnas de opinión con toda esa retórica, vacía y passé. 

Lo cierto es que los sectores patronales saben muy bien que -desafortunadamente- no existe en este momento en Puerto Rico amenaza externa alguna contra el sistema capitalista. Saben también que el Movimiento Victoria Ciudadana es un partido amplio y diverso y que no es un partido socialista. Reconocen que como parte de su rica diversidad, el Movimiento cuenta con sindicalistas, profesionales y pequeños empresarios, ambientalistas, cooperativistas, feministas y también con socialistas. Su proyecto incluye propuestas de desarrollo humano, de protección ambiental y transición acelerada a fuentes de energía renovable, de protección de los derechos de la clase trabajadora y la defensa de la perspectiva de género. Saben que las propuestas del Movimiento Victoria Ciudadana incluyen la auditoría de la deuda, un seguro de salud universal, una reforma universitaria, la protección de los recursos naturales y el medioambiente, una reforma laboral y el aumento al salario ajustado a los aumentos en el costo de vida y un programa económico que beneficie a la mayoría y no solo a un puñado privilegiado, entre otras. La mayoría de estas propuestas están también en el programa del PIP. Conocen claramente que ninguna de esas medidas es, en sí misma, anticapitalista. Entonces, ¿por qué desarrollar toda esta ofensiva? 

Porque reconocen que una de las mayores fortalezas del Movimiento y de la Alianza es precisamente esa diversidad que le permite presentar propuestas integrales para atender los problemas más apremiantes que afectan al país. Reconocen además que la Alianza electoral entre el Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista Puertorriqueño tiene la posibilidad real de ganar las elecciones en el 2024, a pesar de las trabas político-legales. Y más importante aún, porque el modesto aumento al salario mínimo —que desde el 1 julio de 2023 es $2.25 más que el salario mínimo federal— le ha costado millones de dólares a ese sector patronal. Luchan contra una tímida redistribución que aunque insuficiente, redujo un poco sus ganancias. No se trata de la amenaza anticapitalista. Se trata del potencial que tiene la Alianza de adoptar un programa de gobierno que ponga -por primera vez en nuestra historia reciente- los intereses y las necesidades de la mayoría del país por encima de las ganancias de unos pocos. De lo que verdaderamente se trata es de la unión de los patronos para defender al bipartidismo del cual se han servido y para combatir la unión de la mayoría asalariada y empobrecida, de pequeños y medianos comerciantes, de cooperativistas y profesionales, cuyo proyecto pretende tomar las riendas del país, evitar que continúe su destrucción y lograr un gobierno que responda a nuestras necesidades.