Si la corrupción en Puerto Rico tuviera una sede, sin duda sería el Departamento de Educación (DE). A lo largo de décadas, el DE ha sido el escenario de algunos de los peores casos de fraude, malversación y desvío de fondos. 

Desde el escándalo de Víctor Fajardo, hasta la convicción de Julia Keleher, la corrupción ha debilitado al sistema de educación pública, poniendo en jaque el futuro de generaciones de jóvenes dejados a pagar el saldo.

El Inicio de una Trama de Corrupción

Victor Fajardo, exsecretario del Departamento de Educación de Puerto Rico, protagonizó uno de los escándalos de corrupción más infames del país. 

Entre 1992 y 2000, bajo la incumbencia de Pedro Rosselló, cuya administración tuvo más de  40 casos de corrupción, el entonces secretario Fajardo, junto a tres empleados y catorce contratistas, desarrolló un esquema de fraude con el que logró adueñarse de $4.3 millones en fondos destinados a la eduación. 

Tras declararse culpable por fraude, extorsión y lavado de dinero, el ex secretario fue condenado a 25 años de cárcel de los cuales cumplió 12 a nivel federal, reduciendo la condena a nivel estatal que lograse el fiscal especial independiente a una mera probatoria. 

De los $4.3 millones robados, Fajardo pagará $2,500 mensuales para restituir un total de $2.1 millones, cifra que corresponde a menos de la mitad de lo apropiado. 

El Desastre de Julia Keleher 

Julia Keleher llegó a la secretaría del Departamento de Educación montada sobre el discurso de resiliencia post-María, argumentando que cerrar escuelas permitiría hacer a las restantes resistentes al cambio climático. Su plan, según ella, ahorraría millones de dólares al gobierno de Puerto Rico, los cuales serían destinados a robustecer las escuelas restantes. 

Sin embargo, en julio de 2019, tras un proceso de cierres acelerado, polémico, y contrario a las leyes vigentes, Keleher fue arrestada y acusada junto al consultor Ariel Gutiérrez Rodríguez, siendo imputados por los federales de participar en un esquema de soborno y fraude. 

De acuerdo a las autoridades, Gutiérrez Rodríguez facilitó que Keleher recibiera un apartamento en el complejo Ciudadela de Santurce a cambio de la concesión de 1,034 pies cuadrados de la escuela Padre Rufo. 

Junto a estos el pliego acusatorio también nombró a Angie Ávila, directora de la Administración de Seguros de Salud (ASES), una agencia que perdió sobre $400 millones en fondos inutilizados durante la pasada década por falta de diligencia. 

Asimismo, fueron señalados los contratistas Alberto Velázquez Piñol y Fernando Scherrer, de la firma de consultoría BDO. Posteriormente, en 2020, el Departamento de Rentas Internas de los Estados Unidos (IRS), intervino con la firma BDO, sometiendo diez cargos por fraude electrónico ​​contra uno de sus socios, Gabriel Hernández.

Hoy, con cientas de escuelas abandonadas y otro centenar apenas operantes, sabemos que los cierres no significaron ahorro para el Gobierno de Puerto Rico y por lo contrario, crearon una carga económica. 

Varios planteles escolares con ubicaciones privilegiadas han sido adquiridos por compañías inmobiliarias que se han acogido a las exenciones contributivas de la Ley 60. Estas empresas han logrado adquirir planteles de gran valor histórico a precios de regalo, aprovechando el cierre de escuelas implementado por Keleher. Hasta ahora parecen ser los únicos beneficiados por los cierres.   

Golpe a golpe  

Las promesas de reforma en el sistema educativo de Puerto Rico han fracasado repetidamente debido a la constante interferencia política, la colocación de empleados de confianza en puestos clave, y la corrupción institucionalizada que se ha arraigado en los procesos, incluyendo la otorgación de contratos a allegados al PNP, y órdenes de compras que sobrepagan por artículos ordinarios.

El problema de la politización y el uso ineficaz de los fondos federales es evidente. Otro ejemplo de esto es el caso de Kevin Pagán, ex director del Programa de Educación Técnica, quién fue hallado culpable de apropiarse de $213,201.06 entre 2019 y 2021. A pesar de la gravedad del delito, Pagán fue sentenciado a solo tres años de probatoria, lo que pone de claro el manejo laxo de la justicia cuándo de casos de corrupción se trata.

Como si no fuese suficiente con los robos, fallos recientes incluyen la compra de pruebas educativas por valor de $9 millones que resultaron ser inutilizables, y la polémica adquisición de 24,000 mochilas con el nombre de la secretaria de Educación, Yanira Raíces Vega, que costaron al DE $250,000. 

Pongámosle Fin al Banquete del PNPPD

Por ya demasiado tiempo, la corrupción ha saqueado el enorme presupuesto del Departamento de Educación, convirtiéndolo en uno de los principales blancos del defalque en Puerto Rico. Cada nuevo escándalo de desvío de fondos y mala administración no solo afecta a estudiantes y maestros, sino que también es un golpe directo a la economía y el desarrollo de la isla. 

Las reformas necesarias para combatir este problema exigen nuestra voluntad para sacar a los partidos e individuos que han diseñado y explotado fallas estructurales para su beneficio y el de sus colectividades. 

Victoria Ciudadana está comprometida en combatir la corrupción y descentralizar el Departamento de Educación. Nuestro gobierno garantizará que los asignaciones millonarias que hoy recibimos lleguen a las aulas y no a los bolsillos de donantes de campaña. 

Proponemos una reforma educativa integral que revierta la privatización, combata la corrupción y asegure presupuestos adecuados para la educación pública escolar y universitaria, con un enfoque comunitario y participativo, fomentando las artes y el deporte. Con tu apoyo, lograremos que la educación vuelva a ocupar el rol protagóico del progreso de nuestro país.

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