El arresto de los alcaldes Ángel Pérez Otero (Guaynabo) y Félix Delgado (Cataño) nos obliga a repensar cómo se manejan los asuntos de la administración pública y los asuntos electorales del país. También, nos impone analizar el funcionamiento de los partidos y aquellos que los lideran.

Sobre ambos casos se han ventilado detalles que develan los mecanismos y las prácticas de la corrupción. No es noticia nueva el que se descubran y enjuicien funcionarias y funcionarios corruptos, pero cada vez que salen estos casos una no puede dejar de indignarse y sentir vergüenza ante el descaro con el que incurren en actos de corrupción.

Por otro lado, la manera en que el bipartidismo maneja internamente estos casos y sus secuelas nos brinda información significativa sobre la magnitud del problema y lo mucho que urge cambiar. En conferencia de prensa sobre la elección especial en Cataño, el gobernador Pedro Pierluisi informó la decisión del directorio del Partido Nuevo Progresista al respecto: se descalificó al candidato Gabriel Sicardó Osorio y, por consiguiente, certificó solo a uno. La decisión implica que no habrá una elección especial en tal municipio. Previo a esta decisión, se pensaba que habría una elección especial, aunque interna al PNP.

Según Pierluisi, la nueva determinación se llevó a cabo para velar por los mejores intereses del partido. La pregunta obvia, sin embargo, es la siguiente: ¿se trata de los mejores intereses de la ciudadanía de Cataño o de los intereses del partido cuyo funcionario se declaró culpable por corrupción? Demás está decir que son cosas distintas.

El Partido Nuevo Progresista ha demostrado que pretende controlar los espacios de poder de maneras poco democráticas. Así lo ha hecho, por ejemplo, en la Comisión Estatal de Elecciones desde que se aprobó la pasada Reforma Electoral. Ahora, lo hace en las alcaldías que perdieron sus allegados debido a esquemas de corrupción.

Sobre esto es importante actuar. Resulta insostenible que los partidos políticos se adueñen de estos escaños y los manejen como si fueran sus fincas privadas, a expensas de la población. Si queremos atajar efectivamente la corrupción, no podemos repetir las fórmulas que la viabilizan.

Toca hacer algo distinto. Proponemos que se abra una elección en Cataño para que todas y todos los electores del municipio tengan la oportunidad de elegir su nuevo alcalde o alcaldesa. Dejarlo en manos de solo un partido, incluso si fuese una elección abierta a sus afiliados, es una respuesta insuficiente. La elección abierta, por otro lado, es la opción más lógica ante la situación, y, además, la que más ayuda reforzar los procesos democráticos en Puerto Rico. Para cualquier caso futuro, se deberá obrar de la misma manera.
 

Nuestro movimiento aboga por esa alternativa y esa apertura. Basta ya de corrupción y de meros aguajes del bipartidismo para combatirla. Merecemos mucho más.