La privatización de los servicios públicos ha sido un tema de debate intenso durante las últimas décadas, y ha incrementado en estos años por el desastre total que ha sido la privatización de la transmisión y generación de energía eléctrica a través de LUMA Energy y Genera PR. Este fracaso de la privatización no es un caso aislado. Al analizar los resultados de estas medidas en diferentes municipalidades a través del mundo, y otras en nuestro propio patio, queda claro como la privatización tiene consecuencias negativas para el bienestar social y el desarrollo económico de un país.

El acceso universal a servicios básicos es un derecho, no un lujo

Los servicios públicos básicos son un bien común y no deben existir para el lucro privado. La energía eléctrica, el agua potable, el alcantarillado, el transporte colectivo, y la recolección de basura son algunos de los servicios esenciales para el funcionamiento de una sociedad y son motores para la actividad económica. Aquí también se pueden incluir como bienes comunes como un sistema de salud robusto, educación de calidad, y vivienda asequible. Privatizar estos servicios y necesidades básicas es poner las ganancias de compañías privadas por encima del bienestar del pueblo. 

Ya los contribuyentes, a través del gobierno, han invertido en las infraestructuras que sostienen los servicios públicos. Privatizar estos bienes significa entregar recursos que son propiedad pública para beneficio de unos pocos, sin que la población se beneficie del retorno de esa inversión. En pocas palabras, con la privatización asumimos los riesgos y las pérdidas pero no nos beneficiamos de las ganancias.

La meta de las compañías privadas es la ganancia por encima de todas otras consideraciones. Hacen de todo para maximizar esa ganancia, incluyendo explotar a sus empleados, escatimar en gastos para mantenimiento o arreglos, o (como hemos visto continuamente de parte de LUMA) subir los precios a los usuarios.

La privatización aumenta los precios de los servicios

La privatización de servicios públicos como el agua, la electricidad y el transporte tiende a llevar a un aumento en los precios de estos servicios. Cuando una empresa privada asume la gestión de un servicio público, su principal objetivo es maximizar las ganancias. Esto muchas veces se traduce en tarifas más altas para los consumidores, lo que puede limitar el acceso a estos servicios básicos. Las familias de bajos ingresos son las más afectadas, ya que un aumento en los costos de servicios públicos puede significar una mayor presión sobre su presupuesto familiar, disminuyendo también su poder adquisitivo. 

En adición, el alza en tarifas limita el crecimiento de pequeñas empresas, desalienta la inversión local, y afecta negativamente al comercio en general.

La privatización disminuye la calidad de los servicios

Con todo y que los precios suben, la oferta no mejora ya que la privatización provoca una baja en la calidad del servicio. Las empresas privadas, en su afán de reducir costos y aumentar márgenes de beneficio, pueden recortar gastos en mantenimiento, atención al cliente y otros aspectos críticos que afectan la calidad del servicio. Esto no solo impacta el bolsillo de los consumidores, sino que también afecta su salud emocional y física.

La merma en la calidad de los servicios de igual modo tiene efectos negativos en la productividad económica en general. Por ejemplo, los apagones constantes han perjudicado las operaciones de las empresas, ocasionando pérdidas y limitando severamente el crecimiento económico.

La fiscalización como herramienta necesaria

Otro aspecto a considerar es la falta de rendición de cuentas que acompaña a la privatización. En el sector público, los ciudadanos tienen la posibilidad de exigir cuentas a los gobiernos a través del voto y otros mecanismos de participación democrática. Sin embargo, una vez que un servicio se privatiza, la relación entre el proveedor y el consumidor cambia.

La empresa privada prioriza sus propios intereses por encima de los de la comunidad, y los usuarios tienen menos poder para influir en las decisiones que les afectan directamente. Cuando le añadimos un gobierno incapaz de fiscalizar, lleva a una desconexión total entre las necesidades de la población y los servicios que se ofrecen.

La desigualdad y el impacto ambiental de la privatización

La electricidad, el agua y el transporte son esenciales para la calidad de vida. Cuando se prioriza la ganancia privada, se sacrifica la accesibilidad y equidad, dejando a las comunidades más vulnerables desprotegidas. Los beneficios de la privatización tienden a concentrarse en manos de unos pocos, mientras que la población en general puede ver cómo sus necesidades no se satisfacen adecuadamente. 

Esta desigualdad es un obstáculo significativo para el desarrollo económico, ya que una gran parte de la población que no tiene acceso a servicios básicos no puede contribuir al crecimiento del país. La exclusión social y económica puede llevar a un ciclo de pobreza que se perpetúa a lo largo de generaciones, dificultando aún más cualquier esfuerzo de desarrollo.

No menos importante es el impacto ambiental que tiene la privatización. Muchas empresas privadas buscan maximizar sus beneficios a corto plazo, lo que lleva a decisiones que ignoran las implicaciones ambientales. Esto es especialmente notable en sectores como el agua y la energía y el claro ejemplo en Puerto Rico es el envenenamiento de la tierra, el agua y la población por las cenizas de carbón tóxicas de Applied Energy Services (AES). La falta de regulación adecuada y de fiscalización seria resulta en la explotación excesiva de recursos naturales, contribuyendo al deterioro del medio ambiente y la salud del pueblo, y el desarrollo económico a largo plazo.

La privatización ha fracasado alrededor del mundo

Hay muchos casos que demuestran cómo la privatización de servicios básicos ha sido un rotundo fracaso. La experiencia de varios países que han optado por la privatización de sus servicios públicos ha mostrado que esta no siempre conduce a los resultados esperados.

Muchos gobiernos han tenido que revertir procesos de privatización ante la presión social y los resultados adversos. Las lecciones aprendidas sugieren que la gestión pública de los servicios puede ser más efectiva en términos de equidad y sostenibilidad. En lugar de privatizar, muchos expertos abogan por reformas que mejoren la eficiencia del sector público, asegurando que los servicios sean accesibles y de calidad para todos.

Todo esto nos demuestra que la privatización de los servicios públicos tiene efectos perjudiciales y evidentes para el desarrollo no solamente económico sino social de un país. El aumento de precios, la disminución de la calidad del servicio, la falta de rendición de cuentas, la generación de desigualdades, el impacto ambiental y las lecciones aprendidas de experiencias pasadas son factores que deben considerarse cuidadosamente.

En lugar de ceder a la tentación de privatizar, es crucial que nuestro gobierno busque formas de mejorar y fortalecer la gestión pública, asegurando que todos los ciudadanos tengan acceso a servicios básicos de calidad, lo que a su vez fomentará un desarrollo económico más inclusivo y sostenible.