Nuevo Parking en el Escambrón; Desarrollo o Saqueo de Bienes Públicos

Desde el 24 de junio de 2026, la discusión pública sobre la Ordenanza 55 —propuesta para autorizar un derecho de superficie a favor de Smart Parking System, LLC en el estacionamiento del Parque del Tercer Milenio— se convirtió en uno de los debates más tensos y reveladores sobre la gobernanza municipal en San Juan liderada por Miguel Romero. 

Lo que comenzó como un trámite legislativo sin vistas públicas, sin subasta, sin estudios, sin diseño y sin documentación técnica, evolucionó en un proceso marcado por la resistencia ciudadana, la fiscalización de las minorías legislativas y la insistencia de la mayoría en adelantar un proyecto carente de transparencia.

El estacionamiento propuesto, sin subasta y sin información técnica

La Ordenanza 55 autoriza al Alcalde Miguel Romero a otorgar un derecho de superficie por hasta 90 años a la compañía Smart Parking System, LLC sobre el área de estacionamiento del balneario del Escambrón y del Parque del Tercer Milenio, un espacio público utilizado diariamente por residentes, deportistas, familias y visitantes del litoral de San Juan. El proyecto contemplaba la construcción de una estructura de estacionamiento multipisos de 950 espacios, con sistema de cobro automatizado y un modelo de operación privada por décadas. 

No existen planos preliminares, estudios de suelo, análisis de impacto ambiental, estudios de movilidad vehicular, proyecciones de demanda, ni estimados de costos de construcción u operación. Tampoco se presentó evidencia de que el proyecto fuera compatible con la zonificación vigente, con los planes de manejo del área costera o con las servidumbres de uso público que rigen el Parque del Tercer Milenio. En otras palabras, la Legislatura Municipal fue emplazada a aprobar un proyecto sin conocer su escala, su impacto, su costo ni sus riesgos.

Datos relevantes del proyecto y su modelo de privatización

Aunque la empresa Smart Parking System, LLC no presentó estudios, sí adelantó en un documento sin fecha y sin firma:

- La construcción de una estructura de estacionamiento de varios pisos de hasta 950 espacios.

- La concesión de un derecho de superficie por un periodo de 60 a 90 años, lo que en la práctica equivale a la privatización del espacio.

- La operación exclusiva por parte de la empresa, con facultad para establecer tarifas, controles de acceso y normas de uso.

Este modelo, además de limitar el acceso ciudadano, representaba un cambio sustancial en la naturaleza del parque y en la política pública de uso de terrenos costeros. Sin estudios, sin análisis y sin participación ciudadana, la propuesta constituía un riesgo evidente para el patrimonio público.

Quiénes son los proponentes y su relación con el PNP y con el alcalde Miguel Romero

La historia de "Smart Parking" en Puerto Rico no es la de una empresa más, sino la de una red de entidades, familiares y vínculos políticos que se entrelazan desde hace más de una década en torno al negocio de los estacionamientos públicos, y que hoy vuelve a estar en el centro de la atención pública por el proyecto de desarrollo del Escambrón en San Juan. Lee más Aqui

Smart Parking System, LLC es una empresa vinculada a Miguel Cabral Veras, contratista y donante de varias administraciones del Partido Nuevo Progresista (PNP), incluyendo la del alcalde Miguel Romero. Lee más Aqui

En 2016, Hacienda ejecutó un embargo contra American Parking también de Cabral Veras, y entidad antecesora de Smart, por $6.5 millones en deudas contributivas, seguido de una quiebra por $21.4 millones. A pesar del golpe, la empresa continuó operando. En 2019, se acogió a una segunda quiebra, esta vez por $2.1 millones. Ninguno de estos episodios afectó su relación con el Municipio de San Juan ni su capacidad para obtener contratos públicos.

Cuando Miguel Romero asumió la alcaldía en 2021, el vínculo se fortaleció aún más. Ese mismo año, la Ordenanza OM‑17‑2021‑2022 autorizó arrendar el estacionamiento a American Parking y lo eximió del proceso de subasta, con la promesa de que el Municipio convocaría un RFP (Request For Proposal) más adelante. La subasta nunca ocurrió. En 2022, la Ordenanza OM‑09‑2022‑2023 extendió el arrendamiento, justificando la decisión en una inversión de $260,000 que la empresa alegó haber realizado en mejoras. En 2024, el Municipio firmó un contrato de $800,000 por cinco años, consolidando la operación sin competencia por más de una década.

Este trasfondo, unido a la ausencia de estudios y a la insistencia del Ejecutivo Municipal en adelantar un proyecto de tamaña magnitud en el Escambrón sin subasta ni documentación, levantó serias preocupaciones sobre la naturaleza del acuerdo y sobre la posibilidad de que se tratara de un proyecto impulsado por inversionismo político y no por criterios técnicos o de interés público.

El proceso legislativo y la insistencia en aprobar un proyecto sin fundamento

Gracias a la presión de la ciudadanía se convocaron vistas públicas que se celebraron con casa llena y decenas de personas afuera. La gran mayoría de las ponencias presentadas fueron en rechazo y dejaron importantes interrogantes sobre la necesidad e impacto de esta ordenanza. Desde el Colegio de Abogados y Abogadas hasta planificadores, ingenieros, organizaciones ambientales, residentes de San Juan y personas visitantes del Parque Escambrón. 

Por su parte, las legisladoras municipales del MVC, Daisy Sánchez y Norma Devarie, advirtieron que el proyecto llegaba ante la Legislatura sin los elementos mínimos para su evaluación. La ausencia de estudios ambientales, de movilidad, de infraestructura, de impacto económico y de análisis de uso público fue señalada repetidamente. A pesar de ello, la mayoría legislativa insistió en mover el proyecto a comisión, donde se presentaron enmiendas que, lejos de subsanar las deficiencias, confirmaron la falta de rigor del proceso.

A lo largo de julio y agosto, las delegaciones de minoría del MVC y PPD sostuvieron un esfuerzo sistemático de fiscalización. Se exigió la divulgación de documentos esenciales, se cuestionó la capacidad de la empresa proponente y se denunció la opacidad del Ejecutivo Municipal. En ese periodo, la comunidad sanjuanera comenzó a organizarse: residentes, organizaciones ambientales, usuarios del parque y líderes recreativos expresaron públicamente su rechazo a la privatización del estacionamiento y a la entrega de un terreno público sin información clara sobre riesgos y beneficios.

A pesar de la presión ciudadana y de las advertencias de la minoría, la mayoría legislativa aprobó la ordenanza sin incorporar estudios, sin requerir documentación técnica y sin atender las recomendaciones de expertos. La minoría denunció que aprobar esta ordenanza era un “cheque en blanco”, una falta de responsabilidad institucional y un precedente peligroso para la administración de bienes públicos.

La defensa del patrimonio público y el inversionismo político

Para el MVC es fundamental la defensa del patrimonio público y la transparencia administrativa. La minoría legislativa cumplió con su deber: fiscalizó, documentó, denunció y acompañó a la comunidad sanjuanera en la defensa de sus espacios públicos.

El inversionismo político es una forma solapada de corrupción que vemos con demasiada frecuencia en los gobiernos municipales bajo las administraciones del PNP y PPD. Daña la democracia y la fe de la gente en sus instituciones públicas. Si esto se une con proyectos que no son buenos para el País como la transferencias de terrenos de tanto valor ecológico y económico como son nuestras costas para un multipisos que hasta afectará la vista a la playa sólo podemos decir que se sigue saqueando al pueblo.   

Todavía podemos detener este saqueo y privatización de nuestros espacios públicos. La historia de la Ordenanza 55 es un recordatorio de que la democracia municipal exige vigilancia constante y que la ciudadanía organizada, junto con una minoría legislativa comprometida, puede confrontar y evidenciar los intentos de gobernar sin transparencia ni responsabilidad.