Desde medicinas esenciales hasta pequeños negocios, los constantes apagones le han costado mucho a les puertorriqueñes. La negligencia de las compañías que manejan nuestro sistema energético — y la falta de fiscalización del gobierno actual — nos cuesta vidas, pone en riesgo nuestra salud y obstaculiza nuestro desarrollo económico.

Es por esto que Victoria Ciudadana propone cancelar el contrato de LUMA y transicionar a un nuevo sistema público efectivo, transparente y libre de partidismo. Pero primero, es importante entender algunas de las razones por las que consideramos a LUMA un fracaso para el pueblo y por qué entendemos que una alternativa pública es esencial.

Nuestro sistema eléctrico ha empeorado bajo la administración de LUMA 

La evidencia de las fallas de LUMA no está solo en las anécdotas entre vecinos o las quejas que vemos a diario en las redes sociales.

El deterioro del sistema eléctrico bajo la administración de LUMA está evidenciado por la compañía misma, en las métricas que han provisto. En el año fiscal que terminó en junio de 2024, clientes del servicio eléctrico estuvieron a oscuras un promedio de casi cuatro horas más que el año anterior — continuando un patrón de desmejoramiento que se dejó ver apenas meses después que la compañía tomara las riendas. 

Cabe mencionar que este número, típicamente expresado en minutos promedio sin electricidad, no toma en cuenta los relevos de carga que se han tornado tan comunes en muchos vecindarios.

La privatización es desastrosa para la gente y el ambiente

La privatización de servicios esenciales es inefectiva y peligrosa para la ciudadanía, un hecho que han descubierto ya muchos países y estados al igual que Puerto Rico. Tanto aquí como en otros lados, ha quedado claro que un monopolio privado no ofrece más eficiencia ni mejora la calidad del servicio. 

Para empezar, las compañías con fines de lucro no tienen incentivo para priorizar el interés público — especialmente si cumplir con esos intereses reduce su margen de ingreso. Esto significa que las compañías buscan aumentar tarifas y reducir costos a como dé lugar, muchas veces reduciendo inversiones en tecnología más avanzada o eco-amigable.

El plan de LUMA de una tala masiva de árboles — un plan denominado como un “desastre ambiental” por expertes — es el ejemplo más reciente. Bajo este plan, LUMA planifica talar alrededor de 2,648 cuerdas, o aproximadamente el 20 por ciento de los bosques estatales de Puerto Rico. En adición al corte de árboles, la compañía usaría herbicidas de origen cuestionable que pueden contaminar cuerpos de agua y el aire. Este plan no sólo es dañino para la flora y fauna de Puerto Rico, sino que también aumentará el calor en la isla cuando ya estamos experimentando temperaturas peligrosamente altas. 

Pero al ser LUMA una compañía cuyo único propósito es generar ingresos, no tiene ningún incentivo para preservar nuestro ambiente ni prevenir una alza en temperatura — especialmente si el resultado de esa alza es que más consumidores necesiten vivir con el aire acondicionado puesto, aumentando su consumo.

Con la privatización también viene la falta de transparencia y de responsabilidad. Al no deberse al público, una compañía privada no tiene obligación de proveer información a los consumidores. 

En múltiples ocasiones, LUMA se ha negado a proveer información básica o ha dificultado el proceso de obtenerla, tanto a consumidores como a la propia legislatura. Tan es así, que en 2021, la Asamblea Legislativa tuvo que recurrir a los tribunales para obligar a la compañía a proveerles información necesaria sobre el número de celadores.

Adicionalmente, la falta de fiscalización del gobierno ha permitido que LUMA opere en casi completa impunidad. El contrato actual no incluye penalidades por incumplimiento, así que tampoco tienen ninguna obligación para aceptar sus fallas o responderle al público. 

Las tarifas siguen aumentando aunque el servicio sigue empeorando

Proponentes de la privatización alegan que las compañías privadas funcionan mejor ya que tienen que competir y cumplir con los clientes para conservar sus contratos. 

Pero al crear un monopolio que no está sujeto ni a fiscalización ni a penalidades, el gobierno ha cedido los derechos del consumidor ante los intereses de una compañía privada. 

Esto significa que LUMA puede seguir subiendo las tarifas, aún si no cumple con las expectativas o provee el servicio prometido. Y así precisamente ha sido, ya que la compañía ha incrementado las tarifas múltiples veces por año, poniéndonos a la par con Hawaii como los dos lugares con la electricidad más cara en los Estados Unidos.

LUMA ha demostrado que es incapaz de operar un sistema como el nuestro

El equipo de LUMA Energy, un conglomerado compuesto por compañías de Texas y Canadá, ha demostrado tener poco conocimiento sobre el terreno o el clima de una isla caribeña. A esta falta de pericia, se le añade la pérdida de casi la mitad de los trabajadores de la AEE, quienes tenían colectivamente cientos de años de experiencia y un profundo conocimiento del archipiélago y su sistema eléctrico.

Esto les dejó sin la experiencia necesaria para manejar los problemas que surgen en el tendido eléctrico a diario, y con muchos menos celadores de los que se necesitan para atender una emergencia.

De acuerdo al último informe trimestral sometido por la compañía en agosto, la compañía cuenta con solamente 357 celadores, aproximadamente la mitad de la cantidad que tenía la AEE. Esta cantidad, aseguran expertes, está muy por debajo de lo que necesita una isla de este tamaño y con terreno tan complicado como el nuestro.

Su renuencia a contratar a los trabajadores de la AEE bajo términos justos también aumentó sus costos laborales al tener que adiestrar nuevos empleados y traerlos de los Estados Unidos. 

Hay alternativas efectivas y razonables

Victoria Ciudadana, al igual que la mayoría de les puertorriqueñes, reconoce que ni el sistema anterior — es decir, una AEE debilitada por constantes batallas políticas — y mucho menos la privatización le han dado al pueblo el sistema energético que merece o necesita.

Es por esto que endosamos la propuesta de “Queremos Sol”, la cual recomienda una corporación pública nueva, no-partidista y comprometida a facilitar el uso de energía renovable en gran escala, reduciendo nuestra dependencia en combustibles fósiles. 

Esta corporación también administraría el sistema eléctrico existente, incorporando representantes escogides por el pueblo, expertos/as en materias energéticas y los/las trabajadores de la AEE que verdaderamente conocen nuestro sistema. Esto no solo eliminaría los conflictos partidistas que tanto perjudicaron a la AEE, sino que salvaguardaría el ambiente y aseguraría tarifas justas y estables.

Creemos que la seguridad energética es un derecho, no un lujo. Alrededor del mundo, y especialmente en Estados Unidos, se ha visto que la privatización de los servicios esenciales perjudica a la ciudadanía. Y se ha probado, una y otra vez, que las mejores empresas de energía eléctrica en el mundo son públicas.

En Puerto Rico, tenemos los recursos económicos, el talento y la capacidad para lograr un sistema eficiente y confiable. Solo nos hace falta la voluntad política y el valor para erradicar el partidismo que ha regido hasta ahora.