Para el desarrollo pleno de una sociedad, los ciudadanos de la misma deben establecer una serie de prioridades y puntos no negociables, que toda persona, por dignidad humana, tiene el derecho a disfrutar. En Puerto Rico, hemos decidido que la salud no es una de esas prioridades, y que la ganancia económica de las aseguradoras va por encima del bien común.

Puerto Rico atraviesa una de las crisis de salud más grandes en su historia moderna, que incluye, pero no se limita, al éxodo masivo de doctores especialistas y al cierre de hospitales alrededor de la isla. Es por esto, y muchas razones más, que el Movimiento Victoria Ciudadana apoya un sistema de salud universal, que le garantice acceso a la salud a todes, y que se enfoque en la medicina preventiva y en el cuidado eficiente y de calidad.

El tema de la salud es uno vital, que lleva deteriorándose lenta pero seguramente por décadas. No es lógico poner en las manos de empresas privadas, que no esconden que su prioridad principal es la ganancia monetaria, el sistema de salud de millones de personas en un país que ya sufre de múltiples otras crisis.

¿Cuál es el origen del problema? 

Cuando se decidió que la salud sería un producto basado en la oferta y demanda, y no un derecho para todo el pueblo de Puerto Rico, se le dio el poder a las aseguradoras privadas de lucrarse, hacer y deshacer con el sistema de salud de la isla a su conveniencia.

Esto, sin embargo, no fue un proceso que sucedió de un día para otro. La privatización de los servicios de salud en la isla comenzó a tomar forma a finales del siglo pasado, cuando el gobierno, buscando alivianar la carga fiscal, permitió que las empresas privadas comenzaran a manejar la salud pública. Lo que se supone que traería eficiencia y mejores servicios, terminó siendo el comienzo de un sistema en el que el acceso a la salud se convirtión en un lujo y no un derecho. Las aseguradoras privadas, sin piedad, se aprovecharon de esta oportunidad para maximizar sus ganancias, dejando de lado el bienestar del pueblo.

Las aseguradoras privadas en Puerto Rico pagan, muchas veces, la mitad de lo que pagan en los Estados Unidos, además de ser notoriamente famosas por tardar en pagarle a los profesionales de la salud y ponerle trabas a las relaciones entre doctor y paciente. Cuando el lucro es la principal prioridad, se deja a un lado la calidad del servicio, y son todes les puertorriqueñes les que pagan las consecuencias.

El acceso al mayor nivel de salud alcanzable es un derecho reconocido por la comunidad internacional, sin embargo, cuando los servicios básicos de un país, como el agua y la luz, están en constante riesgo, este acceso se hace mucho más difícil de proveer y garantizar.

Además, estas aseguradoras, que siguen el modelo norteamericano de los planes privados, tienen un equipo de cabildeo inmenso, que trabaja incansablemente para proteger sus intereses. Es una maquinaria millonaria, que se ha asegurado que el status quo permanezca, sin importar el daño que le hacen al ciudadano común.

Esto incluye que los pacientes enfrenten demoras prolongadas para conseguir citas y recibir aprobaciones de tratamientos o procedimientos, que muchas veces son esenciales para el cuido de su salud. Los trámites burocráticos de los que todes estamos cansades también están presentes en los procesos de las aseguradoras, generando situaciones en las que las condiciones de salud del paciente empeora mientras espera por recibir su tratamiento.

Los adultos mayores son los más afectados

No todes sufrimos los estragos de la crisis de la salud de la misma manera. Desproporcionadamente, son les adultos mayores quienes han tenido que cargar con la cruz más pesada. En un país envejecido, donde más del 30% de la población tiene más de 60 años, el acceso a la salud debe ser una prioridad esencial de cualquier gobierno.

Los adultos mayores en Puerto Rico enfrentan desafíos únicos: muchos de ellos viven con ingresos fijos, dependen de medicamentos para condiciones crónicas, y requieren un acceso constante a servicios médicos especializados. Sin embargo, la falta de doctores, las largas esperas para citas, y los altos costos de medicamentos y tratamientos, empeoran su situación. Esta población, que ha contribuido a la construcción del país a lo largo de los años, se encuentra hoy abandonada por un sistema que los considera una carga en lugar de una prioridad.

El impacto no solo es físico, sino también emocional y psicológico. El estrés de no poder acceder a servicios de salud básicos, junto con la incertidumbre de no saber si podrán recibir el tratamiento que necesitan, ha generado una crisis de salud mental entre los adultos mayores. El aislamiento social, exacerbado por la pandemia, y la falta de recursos para lidiar con estas preocupaciones, han dejado a una gran parte de esta población desamparada.

Desinterés institucional de resolver el problema 

Una de las partes más tristes de todo es el desinterés institucional para resolver este problema. La falta de voluntad y de acción. El Proyecto del Senado 1270 (PS1270), que buscaba prohibir que las aseguradoras tuvieran intereses económicos en los proveedores de servicios de salud, no logró los votos necesarios para su aprobación.

Cualquiera se podría preguntar, ¿por qué este proyecto podría ser denegado, cuando la mayoría de la población reconoce que el sistema de salud está en crisis? El poder del cabildeo nuevamente muestra su rostro, pues se ha pasado de intentar influenciar a legisladores en política pública, a contactar a los que realmente mandan en Puerto Rico: la Junta de Control Fiscal.

La desconfianza en las instituciones ha crecido exponencialmente, ya que, en lugar de proteger a los ciudadanos, estas parecen estar alineadas con intereses corporativos que no tienen en cuenta el bienestar común. Esto perpetúa un ciclo de inacción y negligencia que condena a las futuras generaciones a enfrentar un sistema de salud colapsado.

¿Cuál es la solución?

La solución a la crisis del sistema de salud en Puerto Rico no es simple, pero es clara: es necesario establecer un sistema de salud universal, accesible y de calidad. Un sistema en el que la prioridad sea el bienestar de la población, no el lucro de unos pocos.

Esto implica realizar reformas profundas, que incluyan desde la regulación estricta de las aseguradoras privadas, hasta la creación de una red de servicios de salud pública robusta y bien financiada. La medicina preventiva debe ser el pilar fundamental, priorizando el acceso temprano a cuidados de salud para evitar que las condiciones crónicas se agraven.

Además, se necesita voluntad política para reestructurar las prioridades presupuestarias del país, destinando más fondos a la salud pública y fortaleciendo la infraestructura hospitalaria. Es crucial incentivar a los profesionales de la salud para que se queden en la isla, ofreciendo condiciones laborales justas y remuneraciones competitivas.

Finalmente, la participación ciudadana es fundamental para presionar a los gobiernos locales y a la Junta de Control Fiscal a que tomen decisiones alineadas con el bienestar del pueblo. Movimientos sociales y políticos, como Victoria Ciudadana, juegan un rol clave en educar a la población sobre sus derechos y en organizar la lucha por un sistema de salud más justo y equitativo.