La persona que debe ocupar la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones (“CEE”) tiene que ser una persona imparcial. La silla de la presidencia debe trascender a los partidos políticos, pero debe ocuparla una persona con conocimiento del sistema electoral y que debe promover las garantías que se deben proporcionar a todo el electorado.

Todavía queda mucho malestar y vergüenza de parte del electorado por el deficiente manejo de las dos primarias y las elecciones generales del 2020 y también, quedan muchas inquietudes e interrogantes sin resolver. Hemos visto como en los procesos recientes de radicación de candidaturas vuelve a florecer la desconfianza en la CEE con el tema de los endosos que se alegan son fraudulentos y con el tema de la implementación —tardía y con  deficiencias en el funcionamiento— del registro electrónico (eRe). 

El problema de la CEE no se limita a la ausencia de una persona que ocupe la presidencia en propiedad. La persona que ocupa la Presidencia interina fue parte del caos ocurrido en los comicios del 2020. Nada ha cambiado al presente. 

La CEE es otro ejemplo más de la descomposición de las instituciones del Estado Libre Asociado. Se ha desmantelado el servicio público como lo conocíamos con el pretexto ideológico de que el gobierno es demasiado grande y que hay que privatizar. Lo que queda de esas instituciones ha sido controlado por el PNP y el PPD como botines de guerra. El control de la CEE tiene el agravante de limitar aún más nuestros procesos democráticos. Procesos y poderes que también han sido usurpados por la Junta de Control Fiscal, estructura antidemocrática cuya agenda es ideológica y a favor de intereses ajenos a los de nuestro pueblo. Tenemos que reconstruir el país y sus instituciones, sobre las cuales sigue perdiendo confianza la ciudadanía. No se escapa una sola y esa situación —si no se corrige, eligiendo a proyectos distintos— va a lacerar irremediablemente su legitimidad.

Esta columna se publicó originalmente en Metro