La energía renovable se ha convertido en un tema central en la discusión pública, no solo por ser una alternativa sostenible frente a la degradación ambiental y las ineficiencias de nuestro sistema eléctrico, sino también porque representa una oportunidad de desarrollo económico y energético para nuestras comunidades. Sin embargo, es vital que nos aproximemos a estos proyectos con un enfoque inclusivo y participativo, en lugar de dejar al margen a quienes más se verán afectados.
 
Primero, es esencial reconocer que el rechazo automático a proyectos energéticos no es la solución. Como sociedad, debemos ser capaces de analizar cada iniciativa por sus méritos, ponderando sus beneficios potenciales y sus impactos negativos. No podemos caer en la trampa de oponernos simplemente por oponernos, sino que debemos abordar cada proyecto con una mente abierta y analítica.
 
Sin embargo, es justamente aquí donde radica uno de los problemas más significativos: la participación comunitaria. Las comunidades a menudo son vistas como obstáculos en lugar de ser consideradas aliados esenciales en la implementación de proyectos energéticos. Esta percepción no sólo es injusta, sino contraproducente. Las comunidades que residen cerca de estos proyectos tienen un conocimiento profundo y valioso sobre el territorio y sus necesidades. Ignorar este conocimiento y excluir a estas comunidades del proceso de toma de decisiones no solo es un error ético, sino también estratégico.
 
Las preocupaciones de las comunidades, como el impacto en la producción agrícola o en su calidad de vida, no deben ser descartadas ni tomadas a la ligera. En lugar de ignorar o minimizar estas inquietudes, los encargados de la implementación de estos proyectos deberían sentarse con las comunidades, escuchar activamente y buscar soluciones en conjunto. Esta colaboración no solo aumentaría las posibilidades de éxito de los proyectos, sino que también fortalecería la confianza y el tejido social entre las comunidades y las entidades gubernamentales o privadas involucradas.
 
Por otro lado, el apresuramiento en la implementación de proyectos energéticos, especialmente con fechas límite inminentes, es una receta para el desastre. La premura puede llevar a procesos irregulares, deficiencias en la contratación y falta de fiscalización, problemas que han plagado a nuestro gobierno durante décadas. ¿Por qué esperar hasta el último minuto para poner en marcha proyectos tan cruciales?
 
Más preocupante aún es la percepción de que estos proyectos se están acelerando no por el bien del país o de las comunidades, sino por intereses políticos y partidistas. Utilizar la energía renovable como fichas en el juego político es desacertado y peligroso. Necesitamos líderes que antepongan las necesidades del país y de sus habitantes por encima de cualquier interés político.
 
Para lograr una verdadera revolución energética, es imprescindible que las comunidades sean reconocidas como actores centrales en el proceso. La energía renovable no es solo cuestión de tecnología o finanzas; es, ante todo, una cuestión de comunidad, inclusión y participación. Solo así lograremos un futuro energético sostenible y equitativo para todos y todas.