A menudo escuchamos la idea de que es necesario y obligatorio pagar todas las deudas. No es cierto. La idea de que es obligatorio pagar todas las deudas, sin excepción, no tiene fundamento legal, moral o histórico. La misma creación de la Junta de Control Fiscal por PROMESA fue un reconocimiento de la posibilidad de que la deuda pública de Puerto Rico tendría que ser renegociada y parte de ella no podrá pagarse. Esa posibilidad se convirtió en realidad cuando en 2017, luego de no poder llegar a un acuerdo con los acreedores, la Junta sometió un recurso bajo el Titulo III de PROMESA, que paraliza las acciones de cobro de los acreedores hasta que se llegue a un acuerdo.

Una vez reconocemos que no todas las deudas se pagan, la pregunta es, en el caso de una crisis de la deuda ¿cuánto y qué parte de la deuda debe pagarse? Puerto Rico necesita un ajuste de la deuda que sea legítimo (que no suponga el pago de deuda ilegal, inconstitucional o corrupta), justo (que permita garantizar los servicios esenciales y la recuperación económica de nuestro pueblo) y sostenible (que, respetando el requerimiento de justicia, no conduzca a un nuevo impago). 

Una deuda insostenible

La deuda pública de Puerto Rico, que en 2014 alcanzó la cifra de $72 mil millones, es insostenible. Una deuda es insostenible cuando pagarla en los términos que se contrajo requeriría imponer un sacrificio inaceptable a la población al impedir que el estado cumpla con el deber primario de garantizar los derechos humanos básicos, tales como los relacionados con la salud, la educación, el agua y la vivienda digna, o para invertir en infraestructuras públicas y programas e iniciativas necesarias para el desarrollo económico y social.

¿Es posible pagar esta deuda reduciendo el gasto público y liberando fondos para el pago de los bonistas?

Algunos plantean que reduciendo el gasto público se pueden liberar fondos para pagar la deuda. Pero, como han indicado innumerables estudios, en una economía deprimida como la de Puerto Rico, la reducción del gasto público tiene el efecto de prolongar y ahondar la crisis económica, lo cual impide que aumenten, o incluso reduce, los recaudos del gobierno. Lo que se gana con los "ahorros" de gasto, se pierde como efecto de la crisis económica prolongada. A la vez, aumentan la pobreza y la precariedad, el deterioro de los servicios públicos y la desigualdad social. La austeridad no es el medio para salir de la crisis económica o de la deuda.

Esto no es teoría. Desde la Ley 7 de 2009, pasando por la Ley 66 de 2014, el congelamiento de plazas y luego de la adopción de PROMESA y la imposición de la Junta de Control Fiscal en 2017 en Puerto Rico, se han implantado severas medidas austeridad que han ido destruyendo nuestras instituciones públicas (como la educación pública y la Universidad de Puerto Rico). Su efecto ha sido empobrecer al país, prolongar la crisis económica, sin ayudar a aumentar la capacidad de repago del gobierno.

¿Qué puede hacerse?

En una situación como la que hemos descrito, tan solo hay una salida realista, justa y eficiente: es necesario renegociar la deuda, reduciéndola a niveles que permitan al gobierno cumplir con su deber ante la población y retomar el desarrollo económico. Cualquier ajuste de la deuda que no la reduzca a niveles sostenibles, es decir, cualquier ajuste insuficiente, tendrá las siguientes consecuencias: su implementación exigirá nuevas medidas de austeridad, con efectos injustos y depresivos. A la larga se caerá en un nuevo impago. Exigir una reducción adecuada es la única posición realista, además de justa.

¿Cuánto debe reducirse la deuda?

Estudios han indicado que luego del huracán María la reducción mínima debe ser de 80% (a $14.4 mil millones) y quizás de 90% (a $7.2 mil millones), con pagos de deuda pública anuales de $400 a $600 millones. A esto tenemos que añadir que estos cálculos se hicieron antes de la secuencia sísmica del sur de 2020 y de la pandemia del COVID-19.

¿Qué ha pasado con la renegociación?

A principios de 2019 se adoptó el acuerdo de ajuste de la deuda de COFINA. El acuerdo redujo la deuda en apenas 32% de $17.637 a $12.021 mil millones, muy por debajo del ajuste necesario para reducir la deuda a niveles sostenibles. 

La rebaja, por otro lado, no implicó pérdidas para una parte importante de los bonistas. Al contrario, muchos de estos acreedores compraron estos bonos a descuento. Para ellos el acuerdo ha significado ganancias extraordinarias. Por supuesto, la generosidad con los bonistas de COFINA deja muy poco espacio para la negociación con los bonistas de Obligaciones Generales y otros acreedores. 

¿Qué hay con el ajuste propuesto de las Obligaciones Generales y otras deudas?

El ajuste propuesto reduce la deuda de $35 mil millones a entre $14.437 (recorte de 59%) y 17.937 (recorte 49%) mil millones, de los cuales $7.024 mil millones se aportan en un pago inicial, del fondo de más de $10 mil millones que el pueblo de Puerto Rico ha ahorrado durante los últimos años a costa de duros sacrificios. De esto modo, los cerca de $52 mil millones de la deuda combinada de COFINA y de la deuda incluida en el ajuste bajo consideración se reducen (en el mejor de los casos) a cerca de $26 mil millones, es decir, en un 50%. El acuerdo propuesto dejaría el servicio de la deuda entre $1,150 y 1,550 mil millones (deuda del gobierno central y COFINA) hasta 2046 y en 991 millones (resto de COFINA) entre 2047 y 2058. Recordemos que el estudio de 2018 recomendaba reducir la deuda a cerca de $14.4 mil millones (reducción del 80%) y los pagos anuales a no más de $600 millones. Dado el acuerdo de COFINA, la reducción del resto de la deuda debía ser extraordinaria, de más del 85% o el 90%. Aún si redujéramos este requerimiento a 70%, por ejemplo, el acuerdo se quedaría corto. El acuerdo propuesto es injusto e insostenible.

El rescate de los bonistas

La Junta y los bonistas cuentan con que la economía de Puerto Rico crecerá durante los próximos años como resultado de la entrada de fondos federales asignada a la recuperación tras los desastres naturales y la pandemia. Esto implica que parte de ingreso que generarán esos fondos, en lugar de invertirse en Puerto Rico, se convertirán en un rescate solapado de los bonistas.

  ¿Qué hacer?

La adopción del acuerdo propuesto exige legislación, como fue el caso del acuerdo de COFINA. La legislatura, velando por los intereses del pueblo de Puerto Rico, debe negarse a aprobar la legislación que pretende implementar este acuerdo. Es necesario exigir una reducción de la deuda a niveles sostenibles, es decir, cuyo pago no implique someter al país a un sufrimiento inaceptable o que lo prive de recursos necesarios para su desarrollo económico. 

La necesaria auditoría de la deuda

Por otro lado, el acuerdo bajo consideración, además de ser injusto e insostenible, también supone pagar deuda que no ha sido auditada y parte de la cual puede ser ilegítima por ser ilegal, inconstitucional, corrupta o por otras razones. Debemos exigir una auditoría de la deuda para determinar qué parte es ilegítima y lograr su anulación.

La experiencia de la auditoría

Estudios preliminares realizados por la Comisión para la Auditoria Integral del Crédito Público que existió entre 2015 y 2017 ya detectó posibles bases para retar la legalidad constitucionalidad de parte de la deuda.

La Junta no ha querido dar paso a la auditoría de la deuda. Sin embargo, el estudio (agosto 2018) encomendado por la Junta a la empresa KOBRE & KIM LLP señaló la posible ilegalidad de parte de la deuda. Los hallazgos condujeron a que en enero de 2019 la Junta radicara recursos en los tribunales objetando la legalidad de cerca de $6 mil millones de la deuda de Obligaciones Generales emitida después de 2011. Por su lado, la prensa informó que la Jueza Taylor Swain acogió con entusiasmo el acuerdo de COFINA pues permitía evadir el problema de determinar la legalidad de esa deuda. El acuerdo bajo consideración propone el pago de parte de la deuda cuya legalidad fue impugnada.

Por un ajuste legítimo, justo y sostenible

En lo que resta de 2021 debemos redoblar la lucha contra el ajuste de la deuda propuesto. Debemos rehusarnos a dar paso a la legislación que busca implementar ese acuerdo. Debemos exigir la auditoría de la deuda (para la cual el MVC ya ha radicado legislación, el Proyecto del Senado 159). Y debemos elevar al Congreso el señalamiento de que PROMESA no crea un marco ni justo ni eficiente para solucionar la crisis de la deuda en Puerto Rico. Por lo mismo, es necesario defender toda legislación, como la Ley de Retiro Digno, que sea un obstáculo al ajuste propuesto sobre la deuda.

 

Referencias

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