
Beneficiarios de la Ley 60 amasan grandes carteras de propiedades, ¿quién las mantiene?
2024-10-12T15:14:00.000-04:00

En 2018, en medio del boom de las criptomonedas y bajo el amparo de las leyes 20 y 22, llegaron cientos de cripto-inversionistas a la isla a invitación del más prominente entre ellos, Brock Pierce.
Pierce, actor cuando niño y famoso cripto-inversionista de adulto, les había prometido un paraíso contributivo lleno de propiedades casi regaladas, pocos controles y un gobierno ansioso por complacer a esta nueva casta de ultra-adinerados.
En múltiples entrevistas discutió sus planes para la isla, diciendo que él y otros beneficiarios de estas leyes serían la pieza clave para la recuperación financiera de la isla.
La realidad ha sido muy distinta. En el caso de Pierce, las propiedades que coleccionó están mayormente inservibles, muchas de ellas vacías y en pésimo estado. También sigue sumido en problemas legales, habiendo dejado un rastro de deudas sin pagar y alegaciones de haber estafado a proveedores locales.
De hecho, cinco años más tarde, los planes de Pierce, al igual que las leyes de incentivos que lo trajeron a la isla, no han rendido ninguno de los frutos prometidos.
Inversionistas coleccionan propiedades pero escasean para lxs de aquí
Las leyes 20 y 22 — las cuales ahora forman parte de la Ley 60 de incentivos — le ofrecieron la isla en bandeja de plata a multimillonarios estadounidenses, prometiendo una tasa de impuestos de 0% en ganancias capitales y sólo 4% de impuestos en ingresos.
Sólo tenían que cumplir con unos requisitos mínimos: no haber vivido en Puerto Rico entre 2006 y 2012, comprar al menos una propiedad, mudarse aquí por parte del año, radicar un informe anual y dar un donativo a alguna entidad puertorriqueña sin fines de lucro.
Pero las administraciones del PNP y el PPD jamás hicieron un esfuerzo serio por velar que esos requisitos o que las promesas de la ley se cumplieran. Gracias en parte a esa falta de supervisión, miles de inversionistas — en su mayoría estadounidenses como Pierce y algunes puertorriqueñes como Anthony Pierluisi (hijo del Gobernador Pierluisi y dueño de casi 200 propiedades usadas como Airbnb) — llegaron a la isla a comprar propiedades en una escala sin precedentes.
Esto infló el valor de las residencias cercanas, poniéndolas fuera del alcance de la mayoría de la ciudadanía local. Varios inversionistas compraron edificios residenciales completos para después subir el alquiler, causando que residentes abandonaran vecindarios en los cuales sus familias habían vivido por múltiples generaciones.
Ejemplos claros de esta gentrificación son los vecindarios de Puerta de Tierra, el Viejo San Juan, Condado y el pueblo entero de Rincón, donde los precios de las propiedades y alquileres han aumentado exponencialmente, desplazando a las comunidades puertorriqueñas.
Pero el fenómeno se ha extendido hasta áreas que no son las tradicionalmente turísticas, como es el caso en Río Piedras. Ahí, inversionistas como Kira Golden — conocida por sus declaraciones de que el huracán María había sido “maravilloso para la isla” — han comprado más de una docena de edificios residenciales, subiéndole la renta a estudiantes y residentes de años.
Muchas de estas propiedades adquiridas por inversionistas bajo la Ley 60 quedan vacías o no se habitan de forma permanente. También quedan sin mantenimiento adecuado, deteriorándose con el tiempo y contribuyendo al problema del abandono urbano. Todo esto empobrece económica y socialmente las comunidades aledañas ya que cada vez hay menos residentes a largo plazo.
Pero el resultado más apremiante de la “colección de propiedades” de estos multimillonarios es la falta de vivienda accesible para les puertorriqueñes.
En un país donde 43% de la población vive bajo el nivel de pobreza federal, la mayor parte de los nuevos proyectos residenciales están siendo diseñados para extranjeros y un puñado de millonarios locales. De hecho, en 2024, el Índice de Vivienda Asequible cayó a 54%, lo que significa que la típica persona que busque un préstamo hipotecario en la isla solo va a contar con 54% del ingreso requerido.
En riesgo nuestro ambiente
En adición a esto, el gobierno de Pedro Pierluisi le ha otorgado permisos a varios inversionistas para construir propiedades lujosas en zonas costeras, haciéndolas inaccesibles para los residentes locales o poniendo el área en serio riesgo ecológico. Estos daños a nuestras costas, dunas, corales y manglares, pueden hacer a los vecindarios adyacentes más vulnerables a los efectos de inundaciones y huracanes.
Y ahí radica el problema de darle carta blanca a personas que no tienen ningún lazo con la isla y solo la ven como un sitio dónde escabullirse de los impuestos — no tienen ningún incentivo para cuidar nuestros recursos naturales o comunidades.
El fracaso económico de las leyes 20 y 22
De acuerdo a estudios hechos por el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), las leyes 20 y 22 habrían generado aproximadamente 30 mil empleos — lo que economistas describen como un impacto “modesto” — desde que fueron implementadas. Sin embargo, la realidad es mucho más complicada que eso.
Estudios independientes, como los que ha hecho el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), encontraron que los efectos de las leyes 20 y 22 han favorecido mucho más a sus beneficiarios que al pueblo.
Estos estudios independientes muestran que la mayoría de ellos apenas crean empleos. Y más aún, le cuestan al pueblo una cantidad enorme en ingresos fiscales perdidos — de acuerdo a algunos estimados, casi $4.4 mil millones entre 2020 y 2026.
Falta de fiscalización
Estas leyes tienen tres requisitos básicos: 1) comprar una propiedad en Puerto Rico y residir aquí al menos parte del año, 2) presentar un informe anual y 3) hacer donativos a organizaciones sin fines de lucro.
Sin embargo, la fiscalización por parte del gobierno ha sido poca o ninguna, a pesar de que la ley requiere auditorías regulares. En el 2021, el secretario de la DDEC, Manuel Cidre, prometió “mano dura” y que su agencia auditaría cada decreto otorgado.
Cuatro años más tarde, la auditoría no se ha finalizado aún y es evidente que la mano dura es otra promesa con pocas probabilidades de cumplirse. A pesar de los reclamos del pueblo y que las noticias sobre la gentrificación de la isla le han dado la vuelta al mundo, Cidre, en entrevista con El Diario, repitió que “Yo no siento que estamos desplazando a nadie.”
Más importante aún, beneficiarios de la Ley 22 han donado más de $1M a políticos del PNP y el PPD, incluyendo al Gobernador Pierluisi y a la Comisionada Residente y candidata a la gobernación, Jenniffer González Colón.
¿Qué se puede hacer con las leyes de incentivos para inversionistas?
Desde que estas leyes se establecieron hace más de 10 años, los gobiernos PNPs y PPDs se han hecho de la vista larga, rehusandose a pedirle cuentas a sus beneficiarios y hasta otorgándoles permisos que van en contra de las recomendaciones de expertes ambientales.
Por todas estas razones, abogamos por la derogación de las Leyes 20 y 22, las cuales han beneficiado a multimillonarios de afuera a cuestas del pueblo puertorriqueño, de nuestros vecindarios y ambiente.
Proponemos políticas económicas de acción afirmativa: comprarle a les de aquí, promover la exportación, proveer subvenciones para empresarios locales, priorizar nuestres comerciantes y crear incentivos generosos para patronos que generen empleos.
Queremos promover la descentralización de las iniciativas productivas para lograr desarrollo económico a través de toda la isla, no sólo el área metro. Sabemos que darle la oportunidad e incentivos a lo local, a gente que tiene un compromiso verdadero con el futuro de la isla, es la mejor manera de desarrollar la economía, preservar nuestras comunidades y crear condiciones dignas para el pueblo puertorriqueño.