Celebramos cualquier alivio que llegue a las familias

pero el país no puede conformarse con medidas parciales cuando enfrenta problemas estructurales.

Puerto Rico necesita políticas que respondan de frente al costo de vida, la desigualdad y el desarrollo económico.

Este alivio puede ser un comienzo, pero no debe ser el punto final.

 

Ayer lunes, 12 de enero, la  gobernadora Jennifer González Colón presentó su proyecto de reforma contributiva que propone reducir las contribuciones por distintos renglones de ingresos. El Movimiento Victoria Ciudadana reconoce que esto puede ser un buen paso inicial y apoyamos cualquier alivio económico para las personas en Puerto Rico, especialmente aquellas que se encuentran en condiciones precarias y vulnerables ante el alto costo de vida y la incertidumbre financiera. No obstante, también reconocemos que este paso inicial no es suficiente para atender la enorme desigualdad socioeconómica y todos los demás problemas que enfrentamos. Por lo tanto, esta propuesta debe ser acompañada con otras políticas públicas que prioricen la reducción de los costos de vida, atender la profunda desigualdad en Puerto Rico (5to país en mayor desigualdad) y mejorar las condiciones de vida. 

Puerto Rico no enfrenta únicamente un problema contributivo. Enfrentamos una profunda crisis del costo de vida. El alza en el costo de la energía, el aumento sostenido en los precios de los alimentos y la dificultad creciente para acceder a vivienda asequible son hoy las principales presiones que afectan la vida cotidiana de la clase trabajadora y la clase media. El alivio en las contribuciones sobre ingresos puede ayudar, pero no incide directamente sobre estos factores centrales, por lo que no puede considerarse una solución integral a la situación económica que vive el país.

Además, nos preocupa la forma poco participativa en que se ha manejado este proceso. Las decisiones clave de esta propuesta se negociaron a puertas cerradas con los consultores de la Junta de Control Fiscal, antes de que el país y la Asamblea Legislativa pudieran discutir de manera abierta sus implicaciones. La prisa con la que ahora se pretende aprobar esta medida es consecuencia directa de haber pospuesto el debate público hasta el último momento. Este proceso limita la transparencia y reduce la capacidad del país de evaluar con claridad los costos y beneficios reales de la propuesta.

Es importante señalar también que la exigencia de neutralidad fiscal impuesta por la Junta de Control Fiscal implica que este alivio contributivo no ocurre en el vacío. Para compensar la reducción de ingresos al fisco, se anticipa que habrá aumentos en otros impuestos y que agencias gubernamentales tendrán que implementar “medidas de ahorro”, lo que en la práctica suele traducirse en recortes. La ciudadanía merece conocer el costo completo de estas decisiones y no enterarse de sus efectos una vez ya estén en marcha.

Puerto Rico se encuentra de manera consistente entre las economías más desiguales del mundo, y la evidencia económica ha demostrado que la desigualdad extrema no solo es injusta, sino que también obstaculiza el desarrollo económico sostenible. Dado este contexto, la reforma contributiva que el país necesita debe ir más allá de ajustes parciales al impuesto sobre ingresos. Hace falta una discusión seria y responsable que incluya una revisión completa de los créditos, exenciones e incentivos contributivos, guiada por el Informe de Gastos Contributivos del Departamento de Hacienda; un fortalecimiento de la medición del impacto económico y social de la política fiscal; y una reevaluación de instrumentos como el IVU y el impuesto a la propiedad, con el objetivo de construir un sistema contributivo más justo y coherente con la realidad del país.

Desde el Movimiento Victoria Ciudadana celebramos cualquier alivio que llegue a las familias. Sin embargo, Puerto Rico no puede conformarse con medidas parciales cuando enfrenta problemas estructurales profundos. El país necesita políticas públicas que respondan de frente al alto costo de vida, la desigualdad y la urgencia de un desarrollo económico que ponga la vida en el centro. Este alivio contributivo puede ser un comienzo, pero no debe ser el punto final.