La tiranía de la mayoría:  
cuando las reglas electorales se imponen sin consenso

“La democracia no es la ley de la mayoría,  sino la protección de las minorías.” —Albert Camus

Durante las vistas públicas sobre las enmiendas al Código Electoral, el presidente del Senado declaró que “si son minoría, no pueden pretender aprobar legislación. El País confió en nosotros, no en ellos.” Esa afirmación revela una peligrosa distorsión del concepto democrático: la creencia de que ganar una pluralidad de votos equivale a obtener autoridad absoluta sobre las reglas del propio sistema.

Una Democracia no se define por la cantidad de votos obtenidos por un partido de mayoría en un momento determinado, sino por las garantías que protegen a las minorías. Esa es la advertencia central de Albert Camus y de toda la tradición democrática moderna: cuando la mayoría —o quien se asume como tal— concibe su victoria como poder irrestricto, se abre la puerta a la tiranía de la mayoría. Esta discusión resulta especialmente pertinente en Puerto Rico. El partido que hoy impulsa cambios unilaterales al Código Electoral obtuvo aproximadamente el 41% de los votos de apenas el 49% del electorado hábil; en otras palabras, una fuerza política que apenas representa alrededor del 20% de la población con edad para votar pretende imponer la totalidad de las reglas que regirán nuestro sistema electoral. La teoría democrática lo ha advertido desde hace siglos. La llamada “tiranía de la mayoría” no ocurre simplemente cuando un grupo gana una elección, sino cuando esa victoria se interpreta como permiso para gobernar sin límites, sin controles y sin incluir a quienes no forman parte de esa mayoría momentánea. En este caso, ni siquiera hablamos de una mayoría real, sino de una minoría electoral que se comporta como mayoría absoluta, arrogándose el derecho de rediseñar las reglas del proceso del cual se beneficia.

Ganar una elección no autoriza a desmantelar garantías, excluir adversarios ni adelantar reformas electorales a espaldas de la ciudadanía. Las reglas que determinan cómo se vota, cómo se valida el voto y cómo se audita el proceso no son una política pública ordinaria: son las reglas del juego democrático y, por tanto, requieren consensos amplios y participación plural.

Desde esa perspectiva, resulta profundamente antidemocrático que el Proyecto del Senado 717 se impulse como una agenda unilateral. La mayoría legislativa no puede reclamar un mandato que no tiene. Ningún partido obtuvo mayoría absoluta en el 2024 y, aun si la hubiera obtenido, las normas electorales exigen un nivel de legitimidad superior al de cualquier otra legislación. Esa legitimidad no se decreta; se construye mediante acuerdos, transparencia y garantías compartidas. Lejos de fortalecer la confianza pública, las enmiendas propuestas la erosionan. Reducir controles, eliminar consensos previos, flexibilizar procesos de verificación y debilitar salvaguardas no son señales de modernización. Son patrones que, histórica y comparadamente, anuncian la manipulación del sistema electoral para beneficio propio. 

La Democracia no puede sostenerse sobre la lógica de “el País votó por nosotros”. El País confía en instituciones creíbles, inclusivas y justas, no en mayorías que legislan como si fueran propietarias del sistema. Esa confianza solo se recupera cuando todas las fuerzas políticas participan en la elaboración de las reglas que rigen el proceso electoral y cuando dichas reglas son aceptadas como legítimas por quienes ganan y por quienes pierden.

Si aspiramos a recuperar la confianza ciudadana, las reglas del juego deben construirse entre todos. La Democracia exige algo más que votos: exige legitimidad. Y la legitimidad solo es posible con consensos amplios, controles efectivos y respeto a la pluralidad. De lo contrario, la tiranía de la mayoría —o de quien se comporta como tal— deja de ser una advertencia teórica y se convierte en una realidad política.

Esta columna fue publicada en el periódico El Vocero el 17 de febrero de 2026