Hechos incontrovertibles:

1. Mientras los imputados ocupaban cargos en el servicio público y figuraban como candidatos a puestos electivos en la Elección General del 2020, coordinaban actividades para asfaltar distintas comunidades de San Juan.

2. El asfalto, el personal y la maquinaría que utilizaban para estas actividade sera provisto por la empresa JR Asphalt.

3. Raymond Rodríguez y Mario Villegas, dueños de la empresa JR Asphalt, fueron acusados a nivel federal por cargos relacionados a un esquema de corrupción con contratos de asfalto en varios municipios de Puerto Rico, incluyendo soborno y pago de comisiones ilegales a políticos.

4. Tanto Rodriguez, como Villegas, hicieron alegaciones de culpabilidad y se encuentran a la espera de ser sentenciados.

5. El asfalto, el personal y la maquinaria provista a los imputados por la empresa corrupta fue un regalo. Es decir, que los imputados no pagaron por el material, ni el servicio.

6. Las actividades coordinadas por los imputados, con el asfalto y los recursos regalados por la empresa corrupta, fueron utilizados como parte de la campaña electoral de los imputados, incluyendo en sus videos de campaña.

7. Durante el periodo de tiempo en que le regalaban asfalto, mano de obra y maquinaria a los imputados, la empresa corrupta tuvo 253 contratos gubernamentales con al menos 16 municipios y 2 agencias de gobierno, totalizando más de $37.5 millones en fondos públicos.

8. Los imputados asignaron fondos legislativos a agencias de gobierno, que a su vez utilizaron dichos fondos para contratar a la empresa corrupta.

9. La empresa corrupta participó de múltiples subastas bajo la Administración Municipal de Miguel Romero, algunas de las cuales fueron adjudicadas a favor de la empresa por parte del Municipio de San Juan.

10) El regalo de la empresa corrupta a los imputados no forma parte de sus informes ante la Oficina del Contralor Electoral, la Oficina de Ética Gubernamental o las secretarías de los cuerpos legislativos.

LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES:

1. FUNCIONARIO ELECTO

- LEY DE ÉTICA GUBERNAMENTAL:

- Informes financieros

- “Una relación de todo regalo recibido, entre otros, el pago de transportación, de comidas, de alojamiento y de entretenimiento, con indicación del nombre y dirección del donante, cuando el valor total por donante exceda de doscientos cincuenta dólares por año y éste no sea un pariente;”

- Código de Ética del Senado de Puerto Rico y de la Cámara de Representantes

- “Ningún senador o senadora solicitará o aceptará, de persona alguna, directa o indirectamente, para él o ella, para algún integrante de su unidad familiar o para cualquier otra persona, bien alguno de valor económico o compromiso de realizar determinada gestión o actuación como pago por realizar los deberes y responsabilidades inherentes de su cargo. Tampoco aceptará regalos, gratificaciones, favores, servicios, donativos, préstamos o cualquier otro bien o compromiso de realizar determinada gestión o actuación, de personas con interés en cualquier medida, investigación o asunto que esté o pueda luego estar ante la consideración de la Asamblea Legislativa.”

2. CANDIDATO A PUESTO ELECTIVO

- LEY PARA LA FISCALIZACIÓN DEL FINANCIAMIENTO DE CAMPAÑAS POLÍTICAS:

- Donativos de personas jurídicas:

- “Ninguna persona jurídica podrá hacer donativos de sus propios fondos en o fuera de Puerto Rico a partidos políticos, aspirantes, candidatos, comités de campaña, o a agentes, representantes o comités autorizados de cualquiera de los anteriores, o a comités de acción política sujetos a esa Ley que hagan donaciones o coordinen gastos entre sí.”

- Donativos de personas naturales:

- “Ninguna persona natural podrá, en forma directa o indirecta, hacer donaciones en o fuera de Puerto Rico a un partido político, aspirante, candidato, comité de campaña, comité autorizado o a un comité de acción política en exceso de dos mil seiscientos dólares ($2,600).”

Donativo en exceso:

- “Cualquier donativo efectuado por cualquier persona, natural o jurídica, en violación de los límites y prohibiciones establecidos en esta Ley.”

Uso indebido de fondos públicos:

- “Todo empleado o funcionario público que ilegalmente usare fondos públicos o dispusiere de propiedad pública para el uso de un partido político, aspirante, candidato comité de campaña o comité de acción política incurrirá en delito grave y que fuere convicta será sancionada con pena de reclusión por un término mínimo de un (1) año y máximo de tres (3) años o multa que no será menor de cinco mil (5,000) dólares ni excederá de diez mil (10,000) dólares o ambas penas a discreción del tribunal. El tribunal podrá imponer también pena de restitución. La acción penal por este delito grave prescribirá a los cinco (5) años.”

3. APLICACIÓN GENERAL

- CÓDIGO PENAL DE PUERTO RICO:

- Malversación de fondos públicos

- “Será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) años, independientemente de si obtuvo o no beneficio para sí o para un tercero, todo funcionario o empleado público que sea directa o indirectamente responsable de la administración, traspaso, cuidado, custodia, ingresos, desembolsos o contabilidad de fondos públicos que: (a) se los apropie ilegalmente, en todo o en parte; (b) los utilice para cualquier fin que no esté autorizado o que sea contrario a la ley o a la reglamentación; (c) los deposite ilegalmente o altere o realice cualquier asiento o registro en alguna cuenta o documento relacionado con ellos sin autorización o contrario a la ley o a la reglamentación; (d) los retenga, convierta, traspase o entregue ilegalmente, sin autorización o contrario a la ley o a la reglamentación; o (e) deje de guardar o desembolsar fondos públicos en la forma prescrita por ley. Cuando el autor sea un funcionario público o la pérdida de fondos públicos sobrepase de cincuenta mil (50,000) dólares será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de quince (15) años. El tribunal impondrá la pena de restitución.”

- Aprovechamiento de trabajos o servicios públicos:

- “Toda persona que utilice de forma ilícita, para su beneficio o para beneficio de un tercero, propiedad, trabajos o servicios pagados con fondos públicos será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años, y restitución. Si la persona convicta es una persona jurídica será sancionada con pena de restitución, y multa de hasta diez mil dólares ($10,000). Se podrá imponer la pena con circunstancias agravantes cuando el delito sea cometido por un funcionario o empleado público.”

- Soborno:

- “Todo funcionario o empleado público, jurado, testigo, árbitro o cualquier persona autorizada en ley para tomar decisiones, o para oír o resolver alguna cuestión o controversia que solicite o reciba, directamente o por persona intermedia, para sí o para un tercero, dinero o cualquier beneficio, o acepte una proposición en tal sentido por realizar, omitir o retardar un acto regular de su cargo o funciones, o por ejecutar un acto contrario al cumplimiento regular de sus deberes, o con el entendido de que tal remuneración o beneficio habrá de influir en cualquier acto, decisión, voto o dictamen de dicha persona en su carácter oficial, será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) años. Cuando el autor sea un funcionario público, árbitro o persona autorizada en ley para oír o resolver una cuestión o controversia, será sancionada con pena de restitución, y reclusión por un término fijo de quince (15) años.”

- Incumplimiento del deber:

- “Todo funcionario o empleado público que mediante acción u omisión y a propósito, con conocimiento o temerariamente, incumpla un deber impuesto por la ley o reglamento y, como consecuencia de tal omisión se ocasione pérdida de fondos públicos o daño a la propiedad pública, incurrirá en delito menos grave el cual conllevará pena de restitución. Si el valor de la pérdida de los fondos públicos o el daño a la propiedad pública sobrepasa de diez mil (10,000) dólares será sancionado con pena de restitución, y reclusión por un término fijo de tres (3) años.”

- Negligencia en el cumplimiento del deber:

- “Todo funcionario o empleado público que obstinadamente mediante acción u omisión y negligentemente incumpla con las obligaciones de su cargo o empleo y como consecuencia de tal descuido se ocasione pérdida de fondos públicos o daño a la propiedad pública incurrirá en delito menos grave, el cual conllevará pena de restitución. Si el valor de la pérdida de los fondos públicos o el daño a la propiedad pública sobrepasa de diez mil (10,000) dólares será sancionado con pena de restitución, y reclusión por un término fijo de tres (3) años.”

- Perjurio:

- “Toda persona que jure o afirme, testifique, declare, deponga o certifique la verdad ante cualquier tribunal, organismo, funcionario o persona competente y declare ser cierto cualquier hecho esencial o importante con conocimiento de su falsedad o declare categóricamente sobre un hecho esencial o importante cuya certeza no le consta, incurrirá en perjurio y será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años. Si la persona convicta es una persona jurídica será sancionada con pena de multa hasta diez mil dólares ($10,000). También incurrirá en perjurio toda persona que bajo las circunstancias establecidas en el párrafo anterior, preste dos o más testimonios, declaraciones, deposiciones o certificaciones irreconciliables entre sí. En este caso será innecesario establecer la certeza o falsedad de los hechos relatados. Para propósitos de este Artículo, “organismo” incluye toda institución que tiene funciones cuasi judiciales, cuasi legislativas o cuasi adjudicativas.”