Luego que se denegara la participación de la delegación del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) como ‘amiga de la corte’ en el pleito instado por la Junta de Control Fiscal para anular la Ley 41-2022, ley que restituye para trabajadores y trabajadoras del sector privado varios derechos laborales menoscabados con la Ley 4-2017, la delegación expresó que acciones como estas “confirman el carácter antidemocrático de PROMESA y dejan fuera de la consideración del Tribunal cuestiones fundamentales para la resolución del pleito”. 

El escrito de la Delegación de MVC argumentaba que la Junta se está extralimitando de los poderes que le delegó la Ley PROMESA al intervenir con leyes que solo afectan al sector privado y que no tienen un impacto directo fiscal o presupuestario, como lo es la Ley 41-2022, que solo aplica a trabajadores del sector privado. 

“La delegación de poderes hecha a la Junta, aunque nefasta en su totalidad, es limitada. Esta fue impuesta antidemocráticamente para controlar los asuntos fiscales, pero no para sustituir el gobierno electo de Puerto Rico ni inmiscuirse en asuntos relacionados al sector privado. Este intento por anular la Ley 41-2021, que restituye a la clase trabajadora del sector privado algunos derechos arrebatados en 2017, es inaceptable y la propia ley PROMESA no lo sostiene.”, expresó la senadora Rivera Lassén, portavoz del MVC en el Senado.

“Dentro de la limitada injerencia que permite PROMESA, acudimos al Tribunal a defender la legislación que restituye y amplía ciertas protecciones laborales para trabajadores del sector privado. Pero la decisión de no permitir la participación de la delegación de Victoria Ciudadana en el pleito, ante una acción de la Junta que socava nuestras prerrogativas legislativas, confirma el problema de fondo con la Ley PROMESA, de sustituir el criterio de los funcionarios electos por el de la Junta y sus consultores sobrevaluados. En todos los foros pertinentes defenderemos el ámbito de acción que nos queda para mejorar las condiciones de los puertorriqueños y puertorriqueñas, sin dejar de abogar por la salida de la Junta y la descolonización plena,” añadió Márquez. 

La portavoz del MVC en la Cámara de Representantes, Mariana Nogales Molinelli, recordó que 

“el supuesto propósito de la Junta era enderezar las finanzas del gobierno. Pero sólo ha servido para imponer las necropolíticas de la austeridad y el capitalismo del desastre, que han destruido el servicio público e inhabilitado al gobierno al punto de que no puede cumplir con sus responsabilidades más básicas, como mantener la infraestructura, proteger la salud y garantizar la seguridad de la gente. Ahora la Junta pretende ampliar esa nefasta usurpación de poder para impugnar una legislación que concede unas mejoras modestas a la clase trabajadora del sector privado y que no tiene impacto fiscal alguno. Eso confirma que la agenda de la Junta es ideológica”.

“La delegación de Victoria Ciudadana tuvo un rol importante en la redacción de esta medida”, enfatizó el senador Rafael Bernabe. “Es increíble que la jueza entienda que la opinión de los legisladores y legisladoras que directamente trabajaron la medida no es algo que se tome en cuenta a la hora de decidir si se ejecuta o no. Entendemos que se han aceptado amici curiae de cuanta organización patronal se le ha ocurrido someter - todas ellas, por supuesto, en contra de las trabajadoras y trabajadores. Esto deja claro dónde está la jueza en cuanto a la democracia y los derechos del pueblo.”, añadió.

Los argumentos constitucionales que buscaba presentar el MVC en su escrito sobre el alcance de PROMESA y de las acciones de la Junta no habían sido traídos a la consideración de la Juez Taylor Swain ni por el Gobernador Pierluisi ni por el Presidente de la Cámara de Representantes, Rafael ‘Tatito’ Hernández, quienes figuran como demandados en el pleito. La Magistrada Judith Dein denegó la solicitud y determinó sin mayores argumentos que, a su entender, los asuntos sobre los cuales versa el pleito ya estaban suficientemente atendidos por las partes. Ello, pese a que ninguna parte se opuso a la intervención de la delegación de MVC como ‘amiga de la corte’.

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